El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín y otros cuatro imputados en relación con la investigación por posibles fraudes al Fisco vinculados a la Fundación ProCultura. El juez Patricio Álvarez concluyó que el Ministerio Público no demostró la existencia de los delitos ni la participación coordinada de los acusados para defraudar al Estado, señalando que los antecedentes proporcionados eran contradictorios. Esta resolución supone un golpe significativo para la fiscalía en uno de los aspectos más complejos del caso Convenios.
Dentro de la Fiscalía, esta decisión fue recibida con críticas hacia el criterio del juez, a quien describen como garantista y muy estricto con las solicitudes del Ministerio Público. Fuentes del organismo manifestaron su desconcierto ante el fallo, ya que pocos días antes, otra jueza del mismo tribunal había autorizado órdenes de detención basándose en la misma evidencia. Asimismo, cuestionaron la rapidez de la resolución, que fue comunicada apenas quince minutos después de cuatro intensas jornadas de alegatos y réplicas.
Los fiscales sostienen que, en esta fase del proceso, para demostrar el fraude al Fisco no es necesario probar que los acusados se apropiaron del dinero, sino que es suficiente con evidenciar el uso indebido o la desviación de los fondos a fines diferentes a los pactados, como inversiones en fondos mutuos. Consideran inaceptable que se dude de la implicación de quienes gestionaban la ONG en el momento de los hechos. La Fiscalía también insinuó una posible inclinación política en el razonamiento judicial, sugiriendo que el fallo habría sido diferente si las afiliaciones políticas de los involucrados fueran otras.
A pesar de las críticas, el juez dictó medidas cautelares menos severas, algo que la Fiscalía considera contradictorio con su argumento de que no hay pruebas de participación criminal. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, intentó calmar la situación tras esta derrota judicial, recordando que este tipo de investigaciones son complejas y no se resuelven en una sola audiencia. El Ministerio Público ya está preparando su apelación ante la Corte, confiando en que el tribunal superior revierta la decisión y reconozca la gravedad de los hechos investigados. (NP-Gemini-La Tercera)
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