El Gobierno presentó este martes el proyecto de ley de reajuste salarial para los trabajadores del sector público, tras llegar a un acuerdo con la Mesa del Sector Público, liderada por la CUT. La propuesta incluye un aumento salarial nominal del 3,4%, distribuido de la siguiente manera: un 2,0% retroactivo al 1 de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional a partir del 1 de junio de 2026. También se prevé un ajuste mayor al 5% para los salarios mínimos y bonos específicos para los sectores con menores ingresos, con el fin de equilibrar la justicia social y la responsabilidad fiscal.
DEBATES SOBRE ESTABILIDAD LABORAL Y LA «NORMA DE AMARRE»
Uno de los puntos más polémicos del documento de 167 páginas es la llamada «norma de amarre», que tiene como objetivo limitar la discrecionalidad en los despidos de funcionarios a contrata. La propuesta estipula que cualquier no renovación debe basarse en criterios objetivos y brinda la opción de reclamar ante la Contraloría General de la República. Mientras el Gobierno defiende la norma como una medida de protección para los funcionarios de carrera, la oposición la ve como un intento de asegurar la permanencia del personal de confianza política antes del cambio de mando en marzo.
INCERTIDUMBRE FINANCIERA Y RETOS LEGISLATIVOS
La tramitación del proyecto se prevé complicada debido a las inquietudes sobre su financiamiento, cuya carga fiscal se calcula en más de US$ 1.700 millones para este año. Los parlamentarios de oposición han avisado que no apoyarán la iniciativa a menos que se aseguren recursos reales, advirtiendo sobre un posible desfinanciamiento en la Ley de Presupuesto 2026. Algunos sectores de la centroderecha incluso han propuesto llevar el asunto al Tribunal Constitucional o plantear una acusación constitucional si se persiste en las cláusulas que limitan las atribuciones del próximo Gobierno para reorganizar el aparato estatal. (NP-Gemini-Bio Bio)
Con Información de www.nuevopoder.cl
