El Departamento de Estado de EE. UU. ha manifestado su seria preocupación por la reciente decisión del sistema judicial peruano, que restringe la capacidad del gobierno para supervisar el megapuerto de Chancay. A través de su oficina para América Latina, la administración de Donald Trump describió esta situación como una advertencia para la región, señalando que el control de infraestructuras críticas por empresas estatales chinas, a las que calificó de «depredadoras», representa un riesgo para la soberanía nacional.
La polémica se intensificó tras la aceptación por parte del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima de una demanda de amparo interpuesta por la empresa Cosco Shipping contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Este fallo judicial limita las funciones de fiscalización del regulador peruano sobre el terminal, apoyando la postura de la naviera china con el argumento de que dicha supervisión podría afectar sus derechos de control operativo.
Situado a 80 kilómetros de Lima, el puerto de Chancay representa una inversión clave, con un 60% de su control en manos de la estatal china Cosco Shipping y un 40% por la minera Volcan. Con una capacidad proyectada para manejar un millón de contenedores anuales, esta infraestructura busca establecerse como el principal punto de conexión marítima entre Sudamérica y Asia, desplazando a otros terminales en la costa del Pacífico.
Esta advertencia diplomática de Washington se inserta en una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para limitar la influencia de China en proyectos de infraestructura cruciales en el continente. La situación ha generado temores adicionales sobre posibles sanciones comerciales, incluyendo la propuesta de asesores de Trump para aplicar aranceles del 60% a los productos que pasen por este puerto, lo que incrementa la presión sobre la política exterior y económica de Perú. (NP-Gemini-Emol)
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