El Presidente Gabriel Boric ha presentado oficialmente un proyecto de ley para reformar el acuerdo que regula las escalas salariales y beneficios de los funcionarios del Congreso Nacional. Esta iniciativa se basa en una propuesta original del presidente del Senado, Manuel Ossandón (RN), quien busca eliminar los denominados «supersueldos» en el Parlamento, garantizando así la sostenibilidad financiera de la institución a largo plazo.
El senador Ossandón expresó su gratitud por el apoyo del Ejecutivo, aclarando que la nueva normativa no implicará recortes salariales para los funcionarios actuales, sino que establecerá límites y regulaciones para futuras contrataciones y promociones. Según el legislador, este es el primer paso en un proceso necesario para analizar las estructuras de costos en distintas instituciones estatales que presentan asimetrías salariales significativas.
REACCIÓN DE LOS TRABAJADORES: «NOS TRAICIONARON»
La respuesta de los funcionarios fue rápida. Elizabeth Cangas, presidenta de la Federación de Funcionarios del Congreso (Fedecon), lanzó severas críticas al presidente y a la mesa directiva del Senado, calificando la introducción del proyecto como un acto de «mala fe» y una «vergüenza» institucional.
Acusaciones sobre Negociación: Cangas sostuvo que el proyecto es el resultado de una negociación política poco transparente relacionada con la designación de cargos estratégicos, como la secretaría general de la corporación.
Impacto en la Carrera: La dirigente desmintió que la ley se enfoque en los sueldos más altos, afirmando que en realidad perjudica la carrera funcionaria de todos los niveles.
Amenaza de Paro: Cangas advirtió que esta medida podría trasladar una crisis institucional al próximo período legislativo, señalando que «el nuevo gobierno y los nuevos parlamentarios llegarán listos para trabajar, y nosotros consideraremos hacer un paro», sentenció.
TENSIÓN EN EL TRASPASO DE MANDO
La oportunidad de presentar esta reforma ha suscitado cuestionamientos por parte del gremio, ya que se realiza pocas semanas antes del cambio de mando presidencial y parlamentario el 11 de marzo. Para la Fedecon, que el gobierno saliente impulse una reforma de este tipo en un período de transición rompe con la tradición republicana y crea un ambiente hostil que afectará la instalación de las nuevas autoridades electas. (NP-Gemini-La Tercera)
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