El estudio presenta pruebas inéditas sobre el aumento de sanciones disciplinarias severas en el sistema educativo chileno, que se triplicaron entre 2016 y 2024. La publicación tiene como objetivo guiar acciones preventivas que permitan a las comunidades educativas asegurar entornos seguros sin descuidar el derecho a la educación de los estudiantes.
En 2024, las expulsiones superaron las cancelaciones de matrícula, consolidándose como la medida más común y representando más de la mitad de los casos reportados. El informe resalta que estas sanciones impactan principalmente a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, afectando profundamente sus trayectorias educativas.
La Superintendencia de Educación divulgó el informe “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024): establecimientos, estudiantes y trayectorias educativas”, el cual analiza tendencias, perfiles y causas de estas sanciones en el sistema escolar chileno.
El estudio (ver resumen ejecutivo) se inserta en el debate público sobre la tensión que enfrentan los establecimientos entre garantizar ambientes seguros y proteger el derecho a la educación. Con un enfoque descriptivo y exploratorio, se revisaron más de 8,200 expedientes notificados a la Supereduc, además de bases de datos del Ministerio de Educación.
Los resultados evidencian un incremento sostenido en la aplicación de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, los casos se triplicaron, pasando de 741 a 2,423. Este aumento es particularmente evidente en la etapa pospandemia, con un promedio anual de 1,754 casos entre 2022 y 2024, más del doble que en el periodo 2016-2019.
Un hallazgo significativo es que las expulsiones se multiplicaron por ocho, de 167 casos en 2016 a 1,304 en 2024. Desde 2022, esta medida ha superado a la cancelación de matrícula y se ha establecido como la principal sanción, representando el 53.8% de los expedientes en 2024.
La superintendenta Loreto Orellana Zarricueta afirmó: “Este informe evidencia que los equipos directivos de los establecimientos están utilizando su facultad conforme a la normativa vigente. Los datos muestran que la mayoría de los procesos de expulsión y cancelación de matrícula se fundamentan en la Ley Aula Segura. Por lo tanto, es falso que esta ley no se esté implementando. Lo que necesitamos es que los procesos también busquen proteger las trayectorias educativas”.
El informe indica que las sanciones están concentradas en establecimientos con alta proporción de estudiantes prioritarios. En 2024, el 63.4% de las expulsiones y el 53.1% de las cancelaciones ocurrieron en recintos donde más del 60% del estudiantado es prioritario. En contextos vulnerables, las tasas aumentan, mientras que en instituciones de menor vulnerabilidad son marginales. Este estudio se centró en establecimientos públicos y particulares subvencionados, ya que los particulares pagados no estaban obligados a informar sobre procesos sancionadores de este tipo, algo que cambiará con la nueva Circular N°782 sobre medidas formativas y disciplinarias.
Además, se observa una sobrerrepresentación de hombres en ambas medidas (más del 75% en 2024), con predominio en Educación Media y perfiles académicos deteriorados: bajo rendimiento, baja asistencia y trayectorias educativas frágiles.
Al respecto, la superintendenta Orellana añadió: “Los datos indican que aquellos sancionados ya enfrentaban dificultades previas: bajo rendimiento, ausentismo, repitencia. Para que estas medidas no se conviertan en un quiebre irreversible, debemos fortalecer las estrategias preventivas y de acompañamiento que se están implementando en el contexto de la reactivación educativa, como el programa Chile Presente de Mineduc. Así, por ejemplo, entre 2022 y 2024, la tasa de desvinculación disminuyó, permitiendo que aproximadamente 10,000 estudiantes permanecieran en el sistema”.
En cuanto a las causas, la agresión física a otros estudiantes es la más común, representando el 45.7% de las expulsiones y el 31.2% de las cancelaciones en 2024. También se ha registrado un aumento en incidentes más graves, como el porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, reflejando la complejidad de los escenarios en las escuelas.
El análisis longitudinal confirmado revela que estas sanciones tienen un impacto profundo en las trayectorias educativas. A los 20 años, entre el 20% y el 27% de los estudiantes expulsados han sido excluidos del sistema escolar, en comparación con menos del 10% en la población general.
La superintendenta Loreto Orellana Zarricueta enfatizó: “La transparencia de estos datos es crucial. No buscamos alarmar, sino proporcionar evidencia para mejorar políticas y prácticas. Nuestro compromiso es que los estudiantes se mantengan en el sistema y tengan oportunidades reales de aprendizaje. Además, es necesario prevenir casos graves que puedan llevar a la expulsión, trabajando en la profundización de políticas de convivencia y en la Gestión Colaborativa de Conflictos”.
La Supereduc destaca que, junto con la publicación del informe, continuará promoviendo capacitaciones en gestión de convivencia, estrategias de prevención y colaboración intersectorial. El objetivo es que las instituciones educativas cuenten con herramientas para anticipar conflictos y acompañar a los estudiantes en riesgo de exclusión, aplicando medidas tanto disciplinarias como formativas.
Por último, la institución subraya que este informe busca proporcionar evidencia para fortalecer la política educativa y asegurar que cada estudiante, independientemente de su contexto, pueda ejercer su derecho a la educación en un ambiente seguro y respetuoso.
Con Información de tierramarillano.cl
