La diputada por Atacama, Sofía Cid Versalovic, expresó su firme rechazo a la conmemoración del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama. La celebración tuvo lugar recientemente en el Casino Luckia de Copiapó e incluyó una limusina, regalos, un banquete, iluminación, producción de alto nivel y una cámara 360°, eventos que se hicieron virales en redes sociales.
“Es inaceptable que mientras miles de estudiantes y sus familias enfrentan diariamente la crisis de la educación pública, estos funcionarios celebren de forma ostentosa. Si esta fiesta se financió con recursos públicos, sería aún más alarmante, ya que a las familias se les dice que no hay dinero para mejorar la infraestructura de las escuelas ni la calidad educativa en la región”, señaló la diputada.
La celebración se produce en un contexto de severas carencias en los establecimientos educativos de Atacama, muchos de los cuales aún no han sido reparados desde el sismo del año pasado. Además, hay denuncias sobre deudas con proveedores desde septiembre de 2025.
“Mientras hay aulas en mal estado y proveedores sin pago desde hace meses, vemos al director del SLEP Atacama llegando en limusina a una fiesta institucional. ¿Dónde están las prioridades?”, cuestionó la parlamentaria.
La empresa encargada de organizar el evento, así como otras firmas bajo el mismo representante legal, ha recibido numerosos contratos directos del SLEP Atacama por transporte escolar, superando un total de $2.289 millones de pesos, adjudicados sin procesos de licitación pública. Esto ha levantado dudas sobre posibles irregularidades administrativas y falta de transparencia.
“No se trata solo de un evento mal dirigido, sino de posibles conflictos de interés que necesitan ser investigados. No se encuentra ninguna orden de compra registrada para financiar esta celebración, lo que genera incertidumbre sobre el origen de los fondos utilizados”, afirmó la diputada Cid.
Ante estas irregularidades, la diputada anunció que solicitará a la Contraloría General de la República que investigue el uso de recursos, la relación contractual con las empresas implicadas y los criterios aplicados por el SLEP Atacama para adjudicar servicios.
“No se trata de prohibir las celebraciones de los funcionarios, pero hacerlo con tal nivel de ostentación en medio de una crisis tan profunda es una falta de respeto. Atacama no necesita más escándalos, sino respuestas, transparencia y compromiso con la educación pública”, concluyó.
Con Información de tierramarillano.cl
