En los últimos meses de su mandato, la portavoz del gobierno ha señalado que «el crecimiento de la deuda pública ha sido el más bajo en casi 20 años» y que Chile ha demostrado responsabilidad fiscal en un contexto internacional difícil. Sin embargo, estas afirmaciones no reflejan la realidad.
Al igual que las personas, el Estado tiene dos principales maneras de financiarse: endeudándose o utilizando sus reservas. Estas últimas, creadas como un respaldo para emergencias, pueden utilizarse sin aprobación del Congreso, a diferencia de la deuda. El gobierno del Presidente Boric ha elegido financiarse con estos ahorros, reduciendo el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) en casi un 40% desde su llegada al poder. Como resultado, aunque la deuda bruta en relación al PIB parezca más controlada, las reservas para futuras crisis se han visto significativamente disminuidas.
Además, el ejecutivo no ha cumplido con su propia meta de déficit fiscal en los últimos tres años, lo que llevará a un déficit cercano a los US$ 10 mil millones para 2025. Cualquier familia sabe que gastar más de lo disponible incrementa la deuda o reduce los ahorros. La portavoz intenta convencernos de que el aumento de la deuda pública ha sido escaso, sin mencionar la drástica disminución de los ahorros nacionales. Atribuir este deterioro a factores externos no es correcto; en los últimos cuatro años, el crecimiento global ha estado en su promedio histórico, el precio del petróleo ha estado por debajo de su media, y el cobre, crucial para las arcas fiscales, ha superado sus niveles históricos. Por tanto, el déficit fiscal elevado, el incremento de la deuda externa y la reducción de los fondos soberanos son fruto del descontrol y el gasto excesivo, no de una crisis internacional.
Chile construyó su reputación fiscal sobre una regla sencilla: ahorrar en tiempos favorables para poder gastar en momentos difíciles. Esta disciplina permitió enfrentar crisis como la de las hipotecas subprime y la pandemia. Hoy, el riesgo es sutil: menos respaldo, menor margen y menor capacidad de respuesta ante futuros shocks. Además, el uso inadecuado de los fondos soberanos ha erosionado la credibilidad de esta herramienta fiscal.
El precio del cobre sigue estando por encima de su promedio histórico y de las proyecciones a largo plazo. El próximo gobierno deberá decidir cómo manejar los recursos extraordinarios que recibirán. Una opción es gastarlos, como ocurrió con los ingresos del litio, pero eso sería una repetición de la irresponsabilidad. Al descartar esa opción, el dilema será entre ahorrar en fondos soberanos o reducir la deuda.
En una crisis global, contar con fondos soberanos es más conveniente que salir a pedir prestado en medio de la turbulencia. Los primeros se pueden utilizar a discreción; lo segundo depende de la disposición de bancos y prestamistas. Sin embargo, la deuda pública chilena ha aumentado considerablemente en la última década y se acerca peligrosamente al 45% del PIB, un límite que muchos consideran razonable para un país emergente y pequeño, dependiente de exportaciones cíclicas.
De hecho, nuestra calificación de riesgo país ha disminuido tres escalones, pasando de AA- a A. Tres reducciones adicionales podrían dejarnos al borde de perder la capacidad de endeudamiento frente a prestamistas institucionales, quedando vulnerables a los llamados fondos buitre. Si hubiésemos sido responsables en el uso de los fondos soberanos, la decisión de ahorrar o reducir deuda sería menos relevante desde el punto de vista del riesgo percibido por los inversionistas.
Ahora, la responsabilidad del gobierno entrante será lidiar con las consecuencias de la falta de responsabilidad de la administración actual. Y, como suele ocurrir al perder confianza, restaurar la credibilidad implicará sacrificar grados de autonomía. En este caso, el Ejecutivo deberá solicitar autorización, al menos mínima, para el uso de los fondos soberanos en la ley de presupuestos.
José Ramón Valente
Exministro de Economía
Francisca Kegevic Wagner
Economista
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