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La controversia que rodea la operación de emergencia de la madre de la ministra de Justicia, supuestamente efectuada fuera del listado de espera, ha provocado una intensa y reveladora reacción pública. Más allá de la necesidad de aclarar la veracidad administrativa del caso por las instancias pertinentes, el acontecimiento pone de relieve una discusión más profunda sobre nuestra percepción del privilegio, la igualdad, el reconocimiento y el mérito. Estos temas han sido moldeados por años de interpretaciones y políticas igualitaristas, cuyos beneficios colectivos aún son invisibles para una significativa parte de la población chilena, como se evidenció en las recientes elecciones presidenciales.
En los últimos años, ha emergido un enfoque casi obsesivo, e incluso hostil, hacia la noción de igualdad, entendida no como un mínimo común de dignidad y derechos ante la ley, sino como una negación brutal de cualquier diferencia, excepción o reconocimiento social y económico. Cada privilegio es visto como sospechoso, cada ventaja como ilegítima y cada distinción como una ofensa.
Esta mentalidad empobrece el debate público y socava principios fundamentales de la democracia liberal y la convivencia comunitaria, afectando incluso el propio relato liberal. Muchos incluyen en la categoría de derechos bienes y servicios que, hasta el siglo de los fundadores del liberalismo, se consideraban imperativos morales impulsados por la religión, ajenos a las imposiciones fiscales que hoy presentan desafíos significativos para el financiamiento estatal.
Es importante recordar que el privilegio no equivale a corrupción. A lo largo de la historia, las sociedades han reconocido de diversas formas la contribución de ciertas élites y ciudadanos al bienestar colectivo. Este reconocimiento no es un premio arbitrario, sino una forma de valorar el esfuerzo y la responsabilidad asumidos en roles públicos, los cuales son significativos para el bien común.
Cuando dicho reconocimiento desaparece o se vuelve tabú, el incentivo para asumir responsabilidades públicas, fiscales o institucionales se debilita, como ha ocurrido en Chile. Paradojicamente, una cultura que se manifiesta «en contra de los privilegios» provoca que quienes están dispuestos a contribuir de manera honesta y transparente se alejen, atrayendo a aquellos que actúan en la oscuridad. Cuando se demoniza todo trato diferencial, las diferencias no desaparecen; solo se vuelven invisibles.
Estudios en primates muestran que el rechazo al privilegio tiene raíces biológicas y se fundamenta en emociones como la envidia, tal como se narra en el Génesis con el primer crimen. A lo largo del desarrollo del pensamiento democrático, el igualitarismo ha buscado reescribir la igualdad fáctica, algo inalcanzable sin violencia, ya que es la libertad la que impulsa el progreso y, eventualmente, genera diferencias en el éxito de las personas en sociedades capitalistas modernas, las cuales han propiciado la mayor abundancia en la historia de la humanidad.
Estos privilegios suscitan en quienes no los tienen emociones que alimentan el deseo de «quitar el patín» a aquellos que han obtenido ventajas en la búsqueda de la felicidad, lo que tal vez explica por qué Chile ha disfrutado de años de relativa calma.
Así como la indignación ante la desigualdad y el privilegio fomenta divisiones, las disparidades de riqueza material tienen para los igualitaristas una magnitud tal que algunos justifican «quemarlo todo», a pesar de que se trata de riqueza patrimonial sin conexión con el consumo elitista y que sirve de base para empleos.
Debería observarse que el no haber llevado a cabo la operación de urgencia de la madre de la ministra en el sector privado, algo para lo cual su familia dispone de los recursos, no debería ser la razón por la que el caso se convierta en una paradoja para una administración que ha promovido el estatismo y el igualitarismo en salud, educación y pensiones.
Sin embargo, esto no justifica abusos ni minimiza la necesidad de reglas claras y justas, especialmente en sistemas sensibles como la salud pública, la educación y la justicia. Reducir el debate a una condena moral automática, sin considerar el contexto ni la reflexión necesaria, empobrece la conversación democrática. Más aún cuando dicha controversia se traduce en la amenaza de una acusación constitucional que podría apartar a la ministra del ámbito público, donde ha mostrado un alto nivel de excelencia, por cinco años.
La igualdad ante la ley no requiere la negación de diferenciaciones temporales basadas en el mérito, ni pide una uniformidad absoluta en remuneraciones o resultados del esfuerzo personal, sino que demanda que el Estado garantice que las reglas sean significativas y legitimadas socialmente. Esto incluye un reconocimiento aceptado al trabajo de cada uno, aun enfrentando una lucha injusta que se inició en 2011, cuando la sociedad aceptó la idea de que la salud y la educación son derechos exigibles al 100% y que cualquier «lucro» en estos sectores es ilegítimo.
Quizás, el verdadero reto que este caso plantea no sea simplemente administrativo, sino cultural: un obstinado igualitarismo y una resistencia de chilenos y élites a aceptar que una sociedad justa no aplana las diferencias, sino que sabe distinguir entre el privilegio arbitrario y el reconocimiento social y económico legítimo. Confundir estos conceptos no nos iguala; nos vuelve más desconfiados, más cínicos y, en última instancia, menos dispuestos a mantener juntos los valores democráticos que proclamamos defender. (NP)
Con Información de www.nuevopoder.cl
