Desde el siglo XIX, Belice y Guatemala han tenido discrepancias en cuanto a la delimitación de sus territorios, islas y aguas marítimas, tensiones que podrían haber llevado a un conflicto armado. Sin embargo, ambos países optaron por una vía distinta: institucionalizar su disputa mediante mecanismos de derecho internacional y la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el año 2000, firmaron el Acuerdo sobre Medidas de Fomento de la Confianza, que establece la “Línea de Adyacencia” -una línea administrativa de referencia- y crea una zona adyacente de dos kilómetros de ancho a lo largo de 215 kilómetros. Estas medidas no implican renuncia de soberanía y no establecen precedentes sobre reclamos territoriales; cada país conserva su posición legal mientras acepta regímenes operativos temporales para reducir tensiones.
En 2003, formalizaron la creación de la oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia, la primera misión civil de paz en el hemisferio occidental. Esta oficina ha desempeñado funciones cruciales para evitar un conflicto armado: verificando técnicamente incidentes a través de investigaciones in situ y elaborando informes imparciales, coordinando trimestralmente entre las fuerzas de defensa para intercambiar información sobre seguridad, realizando mediación comunitaria mediante reuniones de autoridades locales y eventos binacionales, y promoviendo el desarrollo social a través de cuatro centros de capacitación Ta’Amay, que ofrecen formación técnica gratuita en oficios, agricultura sostenible y emprendimiento.
En diciembre de 2008, firmaron el Acuerdo Especial para someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, incorporando una cláusula innovadora: ambos países se comprometieron a realizar referéndums antes de activar la jurisdicción de la corte. Las poblaciones otorgaron a sus gobiernos la autoridad para aceptar la sentencia como “definitiva y obligatoria” y aplicarla de “buena fe”, estableciendo un precedente al vincular la jurisdicción internacional con una validación democrática interna.
Durante más de veinte años, este mecanismo ha funcionado sin conflictos armados, y la oficina de la OEA en el terreno ha concretado el compromiso de ambos países con los principios de la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas respecto a la resolución pacífica de controversias.
Este modelo demuestra que incluso las disputas históricas más complejas pueden ser gestionadas a través de instituciones cuando existe voluntad política, confianza en organismos multilaterales y compromiso con el derecho internacional. En un entorno global donde las controversias territoriales a menudo desencadenan conflictos armados, Belice y Guatemala presentan un ejemplo de cómo la mediación internacional, los mecanismos de verificación en terreno, la cooperación bilateral y la jurisdicción judicial pueden reemplazar el enfrentamiento militar por procesos institucionales verificables y transparentes.
Antonia Urrejola
Exministra de Relaciones Exteriores
Con Información de www.nuevopoder.cl
