Por Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile
El 6 de mayo, la Corte Suprema dictó una sentencia de prisión efectiva para el capitán del ejército responsable de la muerte de Romario Veloz en octubre de 2019, durante el estallido social en La Serena. Aunque nadie podrá devolverle la vida, este logro judicial representa un avance hacia la verdad y la garantía de no repetición para su familia y para Chile. Constituye un precedente importante en materia de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, aunque esta mejora sigue siendo la excepción en un contexto de impunidad generalizada.
Los eventos ocurrieron mientras Romario participaba en una pequeña manifestación en La Serena. Al llegar a un parque, el ejército comenzó a disparar indiscriminadamente contra los manifestantes presentes. Los videos del incidente muestran a Romario caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos cuando recibió un disparo en el cuello.
La Corte Suprema confirmó una condena de 15 años de prisión efectiva para el capitán José Faúndez Sepúlveda, por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, y ordenó su inmediato ingreso en prisión. Anteriormente, la defensa del condenado había presentado un recurso de queja que fue rechazado. Hasta ese momento, el acusado cumplía su condena bajo la supervisión del ejército, en lugar de en Gendarmería, que es lo correcto.
Han pasado más de cinco años para que la familia de Romario obtenga justicia, un tiempo marcado por la lucha, el dolor y la ira que hoy comienza a dar frutos. Sin embargo, miles de víctimas y sus familias siguen esperando. Actualmente hay 10,142 casos relacionados con delitos de violencia institucional en investigación desde el estallido social, aunque solo se han emitido 59 sentencias condenatorias. Esto significa que apenas el 0,6% de los casos ha concluido con la acreditación de los hechos y el castigo a los culpables, creando un escenario de escandalosa impunidad que seguiremos denunciando y exigiendo que el Estado de Chile aborde.
A esto se suma la decisión del Ministerio Público de no continuar con 1,509 casos (hasta octubre de 2024) relacionados con el uso excesivo de la fuerza tras el estallido social, alegando insuficiencia de pruebas para seguir adelante.
Esto es un claro indicativo de la falta de justicia en Chile. El Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, como dictan los tratados internacionales, y esta decisión deja graves abusos en la impunidad. Varias organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación y han instado a revertir esta decisión sin recibir respuestas hasta el momento.
Desde Amnistía Internacional hemos subrayado que la responsabilidad penal no se limita al autor del disparo, sino que también debe abarcar a toda la cadena de mando.
Por ello, consideramos un paso significativo para Chile y la región la formalización en octubre pasado de los generales Yáñez, Rozas y Olate, quienes ocupaban cargos clave en Carabineros y a quienes se les puede responsabilizar por no haber tomado medidas para proteger a quienes se manifestaban y vieron sus vidas truncadas.
La defensa de los derechos humanos es un camino arduo y muchas veces frustrante. Los progresos son lentos y costosos, pero siempre se logran y deben ser celebrados. A pesar de los inmensos desafíos, esta tarea es posible. La historia está llena de ejemplos de personas valientes que nunca se rindieron. Continuaremos vigilantes y luchando por el respeto absoluto a la dignidad humana en todas circunstancias, porque los derechos humanos deben defenderse siempre.
Con Información de desenfoque.cl