La vocera del Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las acusaciones de algunos miembros de la oposición sobre un presunto “amarre” a los funcionarios públicos, tras la divulgación del Artículo 14 del protocolo de acuerdo firmado con la Mesa del Sector Público.
“No hay nada más lejano a un amarre. Este tema se relaciona con las garantías laborales para los funcionarios públicos y no tiene nada que ver con la discusión sobre asesores o personas de confianza, que, por supuesto, presentarán su renuncia con el cambio de gabinete. Aquí hablamos de salvaguardias para todos los trabajadores del sector público”, afirmó la ministra en una entrevista con Radio Infinita.
Además, destacó que el objetivo es “evitar la discrecionalidad total y poner fin a la lógica de despidos arbitrarios. No se trata de prohibir el despido de funcionarios públicos, sino de establecer ciertas condiciones y garantías para prevenir estos despidos injustificados”.
“Esencialmente, la desvinculación solo puede llevarse a cabo mediante un acto administrativo fundado, apoyado en hechos y en normas legales. No se puede desvincular a alguien sin justificación clara; es importante que cada desvinculación esté fundamentada de acuerdo con la normativa vigente y el Estado de derecho, estableciendo reglas para estos procedimientos”, aseguró.
“No se trata de un amarre, simplemente se busca prevenir arbitrariedad que socave los derechos laborales de los trabajadores”, añadió.
Para Vallejo, “esto es solo un recordatorio de que es necesario fundamentar la razón de la desvinculación; no basta con un título, es fundamental especificar más sobre la necesidad del servicio”.
La ministra también fue cuestionada acerca de los comentarios de la titular de la Mujer, Antonia Orellana, quien mencionó el regreso de la figura de la primera dama, afirmando que “en un Estado moderno, la función pública no debería depender de un parentesco”.
“Como bien saben, tenemos una visión crítica sobre esta figura. Por eso se implementaron cambios transparentes y fundamentados respecto a la Dirección Sociocultural, la cual se modificó en lugar de eliminarse, distribuyendo sus funciones entre diferentes ministerios, que son las autoridades pertinentes para cada tarea”, explicó.
Vallejo recordó que “el principio que guió esto es que la relación de parentesco no debe justificar automáticamente el asumir un cargo de autoridad y de uso de recursos públicos, sino que debe estar vinculado a las carteras. Cada gobierno tiene su sello y su impronta. Más allá de nuestras críticas, respetamos las decisiones que pueda tomar la próxima administración en este aspecto, aunque estemos de acuerdo o no”.
“Si alguien desea restablecer esas funciones en una Dirección Sociocultural, claramente necesitará hacerlo no solo con un acto administrativo, sino también a través de un proceso de diálogo con los implicados”, concluyó la ministra.
Con Información de www.lanacion.cl
