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Algunos medios de comunicación han calificado como «toma» y otros como «usurpación» la ocupación de un terreno de 240 hectáreas en la comuna de San Antonio, que pertenece desde 1997 a la Inmobiliaria Constructora San Antonio S.A., representada por los empresarios Esteban Solari, Ricardo Posada y Luis Medel.
A finales de 2019, los habitantes de la zona denunciaron que uno de los socios de la empresa, acompañado de arquitectos, incluyendo a uno apellidado Alfonsi, invitó a los residentes a edificar rústicas viviendas en el terreno, omitiendo obtener los permisos correspondientes de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Este hecho fue irresponsablemente tolerado por las autoridades competentes, entre ellas el alcalde Omar Vera, el DOM Armando Sabaj y la entonces Seremi del Minvu de la región de Valparaíso, Evelyn Mansilla.
Este amplio predio está situado en el área urbana de San Antonio y, según el Plan Regulador Comunal (PRC) de 2006, se observa en el visor de mapas del Servicio de Impuestos Internos (SII), que el Cerro Centinela es un único terreno registrado con el Rol N° 9037-1, cuyo avalúo fiscal es de $751.375.802.
Desde el punto de vista normativo, gran parte del terreno se ubica en la Zona ZR4, que permite usos de suelo residencial y otros como equipamiento científico, comercial, cultural, deportes, educación, y espacios públicos. Una pequeña porción en la zona sur está clasificada como ZE3, que admite usos relacionados con servicios de infraestructura sanitaria y telecomunicaciones.
Además, otras áreas del terreno están afectadas por utilidades públicas, designadas como áreas verdes, mientras que las cuatro quebradas naturales presentes están protegidas bajo la Zona ZP2, que limita el uso de quebradas y cuerpos de agua. La mayor parte del terreno en la Zona ZR4 tiene una densidad de 125 unidades habitacionales por hectárea, sin limitaciones en su altura. La constructibilidad varía según el número de pisos, permitiéndose hasta 0.8 para 2 pisos y 1.6 para 3 o más.
El terreno tiene también áreas afectadas por la proyección de calles que cruzan de este a oeste, así como de norte a sur, lo que implica que el propietario debería urbanizar esas vías y áreas verdes a su costa, lo que incluiría construcción de calles, sistemas de drenaje, y servicios básicos, con un costo estimado de 45 mil millones de pesos.
Para resolver esta situación, el ministro Carlos Montes ha mantenido conversaciones con el alcalde de San Antonio y los propietarios del terreno, especialmente a la luz de un fallo de la Corte Suprema del 2024 que ordenó el desalojo de cerca de 4.000 familias que residen en el lugar. El Estado podría adquirir el terreno utilizando fondos públicos, mediante cooperativas que se establecerían como compradoras. Actualmente, no hay acuerdo sobre el precio, ya que el vendedor pide UF 0.40 por m², mientras que el comprador ofrece UF 0.22.
Esto se enmarca en la política del gobierno de Boric, que, según el arquitecto Pablo Allard, establece que no habrá desalojos sin ofrecer soluciones habitacionales adecuadas, lo que los propietarios de la Inmobiliaria Constructora San Antonio S.A. son plenamente conscientes. Esto sugiere que la empresa está intentando presionar al Minvu para maximizar sus beneficios.
En conclusión, si eventualmente se llegara a un acuerdo comercial respecto al precio del terreno, se enviaría un mensaje negativo al mercado inmobiliario, alentando futuras ocupaciones y/o usurpaciones en busca de beneficios económicos. Sobre este tema, el Colegio de Arquitectos de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) aún no han expresado su opinión.
Finalmente, si las instituciones hubieran actuado correctamente a fines de 2019, esta situación no se habría presentado. Por ello, las autoridades mencionadas, Omar Vera, Armando Sabaj y Evelyn Mansilla, deben rendir cuentas a la opinión pública, no solo en la región de Valparaíso, sino en todo el país.
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Con Información de www.elperiodista.cl
