Cada 20 de mayo, Uruguay recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, perpetrados por militares argentinos en Buenos Aires en 1976.
Desde 1996, esta fecha se conmemora con la Marcha del Silencio, una manifestación fundamental en la que se rechaza el terrorismo de estado en Uruguay. Cada año se reitera la demanda por casi 200 personas que fueron detenidas durante la dictadura (1973-1985) y que, cuatro décadas después del retorno a la democracia, siguen desaparecidas.
Los crímenes de Michelini (ex diputado, senador y ministro del Partido Colorado, así como uno de los fundadores del Frente Amplio en 1971), Gutiérrez Ruiz (del Partido Nacional y presidente de la Cámara de Representantes durante el golpe de Estado del 27 de junio de 1973), así como Barredo y Whitelaw (militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros), son indicadores evidentes del Plan Cóndor.
El Plan Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras del Cono Sur para la represión, asesinato y desaparición de opositores políticos, en estrecha colaboración con el Gobierno de Estados Unidos. Este plan fue revelado por investigaciones periodísticas, la desarticulación del “Archivo del Terror” paraguayo, testimonios judiciales y la desclasificación de documentos, incluso en Estados Unidos.
En el marco de la 30ª edición de la Marcha del Silencio, en la que decenas de miles de uruguayos se movilizarán por la principal avenida de Montevideo para exigir al Estado información sobre sus seres queridos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay ha presentado diez documentos del Plan Cóndor, producidos entre 1972 y 1979, que evidencian la participación de la Cancillería en actividades ilegales y clandestinas.
«Estos documentos evidencian cómo el Estado, con todo su poder y recursos, persiguió a sus ciudadanos violando sistemáticamente sus derechos humanos», afirma Cristina Mansilla, Directora de DDHH y Derecho Humanitario de la Cancillería.
Uno de los documentos revela la cancelación de los pasaportes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate, también senador del Partido Nacional y objetivo de los militares aquel 20 de mayo de 1976.
Pocos meses después, tras ser atrapados por ambos Gobiernos, Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados en Buenos Aires por militares argentinos. Ferreira Aldunate logró escapar y se convirtió en un destacado portavoz de la resistencia contra la dictadura en su país.
Sobre Ferreira Aldunate, existe otro télex de la Embajada uruguaya en Washington que informa sobre una reunión que iba a tener con el secretario de Estado adjunto, la cual se frustró tras esa comunicación.
Otro documento solicita la extensión de un visado para el torturador uruguayo Jorge Tróccoli, del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), quien fue condenado a cadena perpetua en Italia por su participación en el Plan Cóndor y en el asesinato y desaparición de 20 personas.
La extensión del horror queda clara en otros télex, uno de los cuales aborda el destino de la ciudadana uruguaya Elena Quinteros, secuestrada en la sede consular venezolana en Montevideo, un hecho que llevó a Caracas a romper relaciones con Uruguay. Otro, especialmente impactante, relata el secuestro en Argentina de dos niños uruguayos, hijos de activistas detenidos, que fueron adoptados en Chile.
«El objetivo es ir más allá del valor académico de estos documentos. El acceso a esta información es una forma concreta de reparación simbólica para las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias, así como para toda la sociedad. Responde al derecho a la verdad y a la memoria colectiva de nuestro país y nuestra región», declaró Mariana Risso, integrante de la plataforma plancondor.org, durante la presentación del material.
Estos documentos y otros que se difundirán en el futuro han sido cruciales en juicios nacionales y en instancias internacionales contra crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores de la región.
A lo largo de estos debates, a menudo se sostiene que las dictaduras han terminado y que es inútil volver a examinar estos temas que dividen a la sociedad, como si la muerte del perro realmente acabara con la rabia.
«Se suele hablar sobre un “deber de memoria”, pero yo creo que no existe tal deber; más bien, hay una tarea colectiva, tanto de la sociedad como de las instituciones públicas, de señalar siempre lo que puede generar discursos de odio hacia determinadas figuras, sean quienes sean», comenta Mansilla.
Así, al ser consultada sobre las secuelas de aquellas dictaduras que aún duelen y las identidades que nunca fueron devueltas, concluye: «El gran desafío hoy es rechazar los discursos de odio, especialmente en un contexto donde las redes sociales son tan influyentes, hacia quienes percibimos como diferentes o entendemos como alteridad. Eso es lo que debemos trabajar para evitar retrocesos en derechos humanos».
Al cierre de esta nota, a menos de 24 horas de la publicación de los documentos, se habían registrado cerca de mil descargas y visualizaciones, y se espera que esta cifra continúe en aumento durante la semana.
Con Información de www.elperiodista.cl