Hoy en día, estamos rodeados de información abundante, a menudo contradictoria y con una notable escasez de conocimiento fiable. En un entorno de baja confianza pública, donde los datos no verificados se propagan rápidamente, nuestro país dispone de un recurso estratégico crucial: el conocimiento riguroso y validado que se genera en las universidades. Sin embargo, frecuentemente, este saber se restringe a círculos académicos limitados, mientras que las decisiones que afectan el futuro de nuestra sociedad se toman sin la mejor evidencia disponible.
En este contexto, la propuesta es clara: las universidades, especialmente las ubicadas en regiones, son fuentes clave de conocimiento relevante para enfrentar los desafíos de Chile. Para que este conocimiento tenga un impacto real en las decisiones del país, es necesario un compromiso de dos vías: las universidades deben reforzar sus mecanismos para difundir sus investigaciones, y la sociedad civil debe acercarse a ellas como aliadas estratégicas.
El primer punto a destacar es la persistente desconexión existente. Cada año, nuestras instituciones generan investigaciones de alta calidad que abordan problemas críticos. Sin embargo, esta evidencia, mayoritariamente financiada con fondos públicos, rara vez influye de manera sistemática en las decisiones de alcaldes, ministerios o líderes comunitarios. Continuamos debatiendo sobre políticas públicas en salud, economía o medio ambiente basándonos en intuiciones o ideologías, ignorando el conocimiento que podría estar disponible en la universidad más cercana.
Aquí es donde la ciencia abierta se presenta como una oportunidad clave. Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto, se refiere a un modelo de trabajo que busca que los datos, metodologías y resultados de investigaciones sean transparentes y accesibles para todos, no solo para especialistas. En un entorno propenso a la desinformación, la ciencia abierta actúa como una garantía de credibilidad, permitiendo a cualquier persona interesada comprender cómo se ha llegado a un hallazgo, fortaleciendo así la confianza pública. La ciencia abierta no es solo un enfoque; es un pacto de confianza entre el conocimiento y la sociedad.
El tercer punto es el valor del conocimiento con pertinencia territorial que surge en las regiones, el cual responde a desafíos concretos. Un ejemplo es el trabajo del Laboratorio de Planificación Territorial de nuestra universidad, que produce cartografías de riesgo volcánico o inundaciones, esenciales para los gobiernos locales. Esta información no se limita a un informe; se entrega directamente a los responsables de los Planes Reguladores Comunales y de las estrategias de emergencia de SENAPRED, ayudando a determinar dónde es seguro construir viviendas y cómo trazar vías de evacuación que pueden salvar vidas. Asimismo, los análisis sobre la crisis hídrica realizados por universidades en el norte del país han sido cruciales para que comunidades y autoridades tomen decisiones informadas sobre el uso de este recurso vital.
Por lo tanto, el llamado a la acción es bidireccional. A quienes formamos parte del sistema universitario: tenemos la responsabilidad de ir más allá de la mera publicación académica. Debemos fortalecer nuestras capacidades de comunicación pública, crear repositorios de datos abiertos y, sobre todo, construir alianzas efectivas con los actores de nuestro entorno para que el conocimiento que generamos sea realmente útil y utilizado.
Y a la sociedad civil —tomadores de decisiones, organizaciones y ciudadanos—: les invito a ver a las universidades como lo que son: centros de pensamiento al servicio del país y sus necesidades. Acérquense, pregunten, demanden evidencia. Exigir evidencia no es un acto de desconfianza, sino un verdadero compromiso cívico. Las universidades están abiertas a colaborar.
Es el momento de que la colaboración entre ciencia y sociedad sea la base para construir un futuro más justo y próspero, fundamentado en el conocimiento. Es una tarea en la que todos tenemos un papel que desempeñar.
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