La violencia, un mal arraigado en la historia de la humanidad, se manifiesta hoy con una crudeza y complejidad inéditas. En Chile, al igual que en muchas naciones, la sensación de inseguridad y el aumento de actos violentos requieren una reflexión profunda sobre los cimientos de nuestro sistema judicial y nuestra definición de delito. Es urgente que la sociedad chilena y el sistema judicial reconsideren lo que constituye un delito y sus respectivas sanciones para adaptarse a los significativos cambios actuales.
Desde 2021, los casos de femicidio en Chile han promediado casi 40 al año, con un incremento de más del 20% en 2024 en los intentos frustrados de estos delitos y una duplicación de los tentados. Muchos de estos actos son perpetrados por parejas en situación de formalización, pero que gozan de libertad con prohibiciones de acercamiento a la víctima.
El sistema de justicia penal chileno opera bajo un paradigma que no logra captar la complejidad de la violencia actual. Las categorías tradicionales de delito, como el robo o la agresión física, fueron diseñadas para un contexto social, económico y tecnológico muy distinto. Hoy, la violencia se manifiesta no solo en las calles, sino también en el ámbito digital, en ámbitos laborales por medio del acoso, en el hogar como violencia intrafamiliar, e incluso a través de mecanismos económicos que deterioran la calidad de vida. Este desfasaje se ve agravado por una sociedad que no comprende la magnitud del problema, lo que exige una redefinición de los delitos considerando estos nuevos contextos.
Adicionalmente, la evolución tecnológica ha traído consigo nuevas formas de violencia que a menudo no se adaptan a los códigos penales actuales. El ciberacoso, la difusión de noticias falsas que incitan al odio, y la extorsión digital son ejemplos de acciones dañinas, cuyas sanciones no siempre guardan proporción con su gravedad. La rapidez y el anonimato del entorno digital complican la investigación y persecución de estos delitos, dejando a muchas víctimas desprotegidas.
Asimismo, los cambios económicos han generado nuevas tensiones que también se traducen en violencia. La precarización laboral, la desigualdad de ingresos y la creciente brecha entre ricos y pobres pueden interpretarse como formas de violencia estructural. Aunque estas situaciones no sean delitos en el sentido clásico, crean un ambiente propicio para la desesperación y el resentimiento, que con frecuencia culminan en actos violentos. Un sistema judicial que se centre únicamente en las consecuencias individuales de los delitos, ignorando sus causas sistémicas, es incompleto.
Desde una perspectiva sociológica, la violencia es un fenómeno social que se perpetúa en ciclos. Un sistema que se enfoca solo en el castigo, sin considerar la rehabilitación y reinserción social, tiende a generar una “puerta giratoria” de criminalidad. Las cárceles, en lugar de ser centros de rehabilitación, se convierten en escuelas de crimen. Es esencial que la sociedad y el sistema judicial reconsideren el propósito de las penas: no solo se trata de castigar, sino de reparar el daño, reeducar y reintegrar al individuo a la comunidad.
Filosóficamente, debemos desafiar la noción retributiva del castigo, es decir, la idea de que la pena debe ser proporcional al daño causado. Aunque esta noción tiene su relevancia, no puede ser la única. Es necesario explorar enfoques restaurativos que busquen reparar el daño tanto a la víctima como a la comunidad. La justicia restaurativa sugiere que el delito no solo vulnera la ley, sino que también hiere a las personas y a las relaciones. En este modelo, víctimas, delincuentes y la comunidad colaboran para resolver el conflicto y reparar el daño.
La reforma del sistema de justicia chileno no puede ser un mero parche. Requiere un diálogo profundo que involucre a juristas, sociólogos, economistas, filósofos, psicólogos y, sobre todo, a la ciudadanía. Se deben:
- Ampliar la definición de delito para incluir nuevas formas de violencia.
- Establecer sanciones proporcionales y efectivas que consideren las particularidades de estos nuevos delitos.
- Fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa para complementar el enfoque punitivo.
- Invertir en programas de prevención de la violencia que atiendan las causas estructurales.
La violencia es un problema complejo que requiere soluciones igualmente complejas. Ignorar los cambios sociales, económicos y tecnológicos que la originan nos condena a un sistema judicial obsoleto e ineficaz. La seguridad de nuestra sociedad depende de nuestra capacidad para abordar la justicia de una manera innovadora y valiente. Es el momento de que el sistema judicial chileno y la sociedad en su conjunto reformulen lo que entendemos por delito y las sanciones correspondientes, para construir un futuro más justo y seguro para todos.
Con Información de desenfoque.cl
