El 19 de febrero, los tribunales rechazaron por segunda ocasión solicitada la modificación de la medida cautelar que permitiría la libertad de Francisca Curihuinca Calcumil, una mujer mapuche de 70 años que, a pesar de sus serios problemas de salud, ha pasado 33 días en la Cárcel Preventiva de Temuco. Ella enfrenta cargos por sustracción de madera, asociación ilícita y amenazas simples.
Francisca fue arrestada el 24 de enero junto a ocho personas, entre ellas su hijo Ernesto González, por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en la Comunidad Pedro Ñancuan Curihuinca, ubicada en el sector Curalaco Alto de Toltén. Las acusaciones provienen de la Forestal Arauco, Mininco y la empresa de seguridad Maxcon.
Es importante mencionar que la Delegación Presidencial de la Araucanía, encabezada por Eduardo Abdala, se unió a la querella en contra de la anciana mapuche y su hijo, este último actualmente detenido en la cárcel de Pitrufquén.
La Fiscalía señala que Francisca Curihuinca es supuestamente la líder de una organización que roba madera en Toltén, una hipótesis que también respalda la Forestal Arauco y Mininco, así como el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Además, se añade la querella de la empresa Maxcom, que acusa a la mujer mapuche de amenazar a trabajadores supuestos.
Familiares de Francisca explicaron que en 2004, Conadi determinó que Arauco y Mininco debían devolverle 114 hectáreas, las cuales ella todavía posee legalmente. No obstante, las forestales apelaron dicha decisión, un hecho del que la anciana no tuvo conocimiento.
A lo largo de los últimos 20 años, la comunidad y Curihuinca han estado trabajando en su plan de manejo, aunque este incluye monocultivos que no se encuentran cerca de las áreas de cosecha.
Los abogados de las empresas forestales y la Delegación Presidencial de la Araucanía respaldaron la solicitud de la fiscal Beatriz Bruggink para mantener a Curihuinca en la cárcel de Temuco, a pesar de su delicada situación de salud, que ha sido documentada con certificados médicos en Gendarmería, los cuales han sido desestimados por los tribunales.
Un informe médico del pasado 10 de febrero, elaborado por Eduardo Catrileo Arias, detalla las enfermedades crónicas de Francisca, que podrían resultar fatales.
«En resumen, la paciente presenta un conjunto de enfermedades que constituyen un síndrome metabólico, lo que representa un riesgo independiente de complicaciones cardiovasculares, como infarto cerebral e infarto cardíaco, riesgo que se agrava por la exposición a estrés emocional y al humo del cigarrillo», indicó el médico.
La anciana presenta movilidad limitada y sufre diversas enfermedades subyacentes, como diabetes, hipertensión, artrosis, úlceras anales y lupus.
A pesar de su grave estado de salud, la ausencia de antecedentes penales y el desconocimiento de convenios internacionales firmados por Chile en relación con pueblos originarios y el sistema carcelario, los jueces del Juzgado de Letras y Garantía de Toltén persisten en mantener a Francisca en prisión.
La jueza Fabiola Cancino Muñoz justificó la negativa al cambio de la medida cautelar, argumentando que «lo que dice es un riesgo potencial, no inminente como afirma la defensa», refiriéndose a la salud de Curihuinca.
Según publicó Resumen, el tribunal no solo ignoró la situación de salud de la anciana, sino que también solicitó al Servicio Médico Legal verificar sus diagnósticos, donde destaca la hipertensión de Curihuinca, lo cual podría provocar un accidente cerebrovascular, de acuerdo a lo indicado por su familia.
Decepción por la actuación del Gobierno
Ante la insistente negativa de los tribunales a modificar la medida cautelar, Viviana Riveros Curihuinca, hija de la anciana, expresó que «no se trata de una persona con la capacidad física para intimidar a un empresario. Es una persona mayor con dificultades para caminar, lo que nos parece discriminatorio. La fiscal y los abogados querellantes mostraron una actitud racista, burlesca y sarcástica».
La decisión del Estado de Chile, a través de la Delegación Presidencial de La Araucanía, de actuar en conjunto con las empresas forestales contra Francisca Curihuinca ha generado indignación en su entorno.
«Desaparece el discurso pro mujer, pro pueblos indígenas y pro Derechos Humanos que se promueve desde el Gobierno y sus instituciones. Estamos completamente decepcionados; al gobierno no le interesa resolver nada. Ahí está el caso de Julia Chuñil, que ha sido ignorada», indicó Riveros Curihuinca a Resumen.
Peligro para la salud de la anciana mapuche
A pesar de que se presentaron documentos que validan la situación médica de Francisca Curihuinca, los tribunales instaron a realizar nuevos exámenes por parte del SML. Esta medida es considerada una falta de respeto por parte de la familia, que siente que se ignoran los informes médicos presentados y que deben esperar mucho tiempo para que finalmente se acepte la documentación de salud que presenta su madre.
El proceso del SML podría llevar días o incluso semanas, y la familia está preocupada por el riesgo de que Francisca sufra una descompensación debido a las constantes crisis de pánico que ha experimentado durante su tiempo en la cárcel de Temuco.
Sin embargo, los resultados de estos exámenes podrían confirmar los serios problemas de salud que enfrenta la anciana, lo que podría influir en el Juzgado de Letras y Garantía de Toltén para reconsiderar su situación y permitirle salir de prisión para recibir los cuidados médicos necesarios.
Desde el círculo cercano de Francisca, también se ha señalado la actitud «racista» que habrían demostrado tanto la fiscal Beatriz Bruggink como la jueza Fabiola Cancino Muñoz, quienes durante la audiencia habrían hecho comentarios burlones sobre la situación de la anciana, según expresó Cristina Llao.
Falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT
El caso de Francisca Curihuinca Calcumil evidencia el incumplimiento de los tratados internacionales sobre pueblos originarios y la situación de detención, que el Estado chileno ha suscrito y que exigen un tratamiento acorde con la condición indígena de la anciana.
Particularmente, se ignora el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 10 estipula: «1) Al imponer sanciones penales a miembros de pueblos indígenas, se deberán considerar sus características económicas, sociales y culturales. 2) Se deberá priorizar sanciones distintas al encarcelamiento». Este convenio fue desechado por los tribunales, que decidieron que la anciana constituía un peligro para la sociedad y optaron por la prisión preventiva.
Con Información de www.elciudadano.com