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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inaplicabilidad relacionado con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. El abogado del presidente Gabriel Boric había solicitado que se desestimara esta acción legal.
Según informó Radio Biobío, la Segunda Sala del TC aprobaron este lunes la revisión del fondo del libelo presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana.
El requerimiento busca que el TC declare inconstitucional la aplicación del artículo que permite al Ministerio Público no perseverar en la investigación, así como el inciso que impide la acusación de imputados por hechos no formalizados.
Los querellantes intentan obligar a la acusación y llevar al Presidente Boric a juicio oral sin la autorización del Ministerio Público.
El abogado del Mandatario, Jonatan Valenzuela, había solicitado que el TC desechara el recurso por considerarlo inadmisible, argumentando que carecía de “fundamento constitucional y legal”.
“El requerimiento solo intenta redirigir una decisión administrativa del órgano autónomo encargado de la persecución penal a un debate político”, expresó.
Además, sostuvo que los artículos mencionados no tenían un impacto decisivo en el caso, ya que no había “un cierre definitivo del procedimiento penal, ni una afectación actual o inminente de garantías constitucionales”. También indicó que el querellante no había solicitado el forzamiento de la acusación.
Igual que Valenzuela, los abogados del jefe de Políticas Públicas de Presidencia, Leonardo Moreno, y los representantes de Genaro Cuadros y Marcia Tambutti, tesorero y presidenta de la Fundación Allende, también solicitaron al TC que considerara inadmisible el recurso de inaplicabilidad.
Sin embargo, en su resolución, el TC se limitó a indicar que el requerimiento cumplía con los requisitos necesarios, aceptándolo a trámite sin responder directamente a los argumentos de los representantes de los imputados.
Adicionalmente, el TC decidió mantener la suspensión de la causa principal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y otorgó un plazo de veinte días a las partes para que “formulen observaciones y presenten antecedentes”.
Asimismo, solicitó informar sobre el requerimiento a la “Cámara de Diputadas y Diputados, al Senado y al Presidente de la República, enviando copia del mismo y otorgándoles un plazo de veinte días para presentar observaciones y antecedentes”.
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Con Información de www.lanacion.cl
