Este lunes se inició el operativo de demolición en la toma Calicheros de Quilpué, en la Región de Valparaíso, enfocado en elaborar un catastro de las familias que residen en el área y verificar su situación migratoria con la ayuda de la Policía de Investigaciones.
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que la demolición de las estructuras comenzará este martes, en coordinación con diversas instituciones estatales.
El terreno pertenece a la familia de Alejandro Correa, un empresario asesinado en 2020. Los ocupantes de la toma han presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que aún se encuentra vigente.
Desde la delegación presidencial se ha indicado que se trabaja junto a la Municipalidad de Quilpué para ofrecer albergues a las personas que sean desalojadas, además de asegurar el bienestar de los animales y mascotas en el lugar. Hasta el momento, aproximadamente 30 familias han dejado el terreno de forma voluntaria, mientras que 40 aún permanecen allí.
Gustavo Sepúlveda, dirigente del Movimiento de Pobladores Organizados, cuestionó la legalidad del proceso y pidió a las autoridades que actúen con cautela. “Esperamos que se cumpla el Estado de derecho, pero no de manera unilateral, como ha ocurrido hasta ahora, sino de forma colaborativa, incluso en favor de las víctimas de esta demolición que consideramos arbitraria e ilegal”, expresó, al tiempo que pidió evitar ser temerarios en la situación.
Con Información de www.lanacion.cl
