Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado de Chile
Hoy, es imperativo reconocer la influencia significativa de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en la economía y los servicios, reconfigurando nuestras interacciones sociales. Este artículo examina algunos de esos aspectos.
Un tema ampliamente conocido es la manipulación de información. Tecnologías que alguna vez prometieron ampliar el acceso al conocimiento están siendo utilizadas para distorsionar la realidad, forjar consensos engañosos y socavar la confianza pública. Redes sociales y sistemas de inteligencia artificial amplifican la desinformación, generan noticias falsas e incluso crean contenidos manipulados, como los deepfakes, alterando la percepción colectiva.
Otra cuestión, que ha suscitado un amplio debate en el ámbito local, es la controversia generada por la CMF respecto a la eliminación de la tarjeta de coordenadas en el sistema bancario chileno, que fue cancelada ante la presión pública. La adopción de tecnologías avanzadas —como aplicaciones móviles, atención automatizada y verificación biométrica— representa un reto para quienes no están familiarizados con entornos digitales. Las instituciones deben garantizar apoyo técnico al implementar estos cambios.
El sesgo tecnológico, que atrae a ciertos sectores, no solo limita el acceso a servicios básicos, sino que además socava la autonomía y participación social de los adultos mayores, marginándolos en una economía cada vez más digital. Sin políticas de inclusión tecnológica y educación digital, la brecha generacional se ampliará, y en un contexto neoliberal, es probable que se profundice.
La automatización en procesos productivos y de servicios también es relevante. Las máquinas y algoritmos no han compensado los empleos perdidos. A medida que las máquinas reemplazan tareas humanas, se precariza el empleo y crece la disparidad entre quienes tienen acceso a trabajos tecnológicos y quienes quedan fuera del sistema.
No está claro que estas innovaciones generen suficientes oportunidades para los nuevos trabajadores. Esta situación puede ser aún más perjudicial para la fuerza laboral, ya que los empresarios, justificando despidos por «necesidades de la empresa», se valen de la automatización para reducir costos, pero también precarizan y aumentan la carga de trabajo de quienes permanecen empleados.
Bajo las actuales condiciones de transición, mientras persista la asimetría entre el capital y el trabajo, el costo recaerá sobre los trabajadores.
Otra dimensión es el impacto ambiental de estas tecnologías. Por ejemplo, los centros de datos requieren un alto consumo de energía para operar y enfriarse. La investigación de la UNCTAD ofrece un análisis más profundo: https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024
La transición hacia una economía digital exige renovar el contrato social del trabajo. Los derechos y beneficios laborales deben enfocarse en las personas más que en los puestos de trabajo, asegurando que trabajadores independientes y de plataformas mantengan acceso a salud, pensiones y capacitación laboral, evitando que la flexibilidad tecnológica resulte en precarización. Promover modelos cooperativos en el ámbito digital puede redistribuir los beneficios del cambio.
Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer la representación y el poder de negociación de la fuerza laboral. Apoyar la sindicalización y nuevas formas de organización en sectores tecnológicos permitirá que los trabajadores participen en decisiones sobre productividad, automatización y condiciones laborales. Consejos tripartitos entre el Estado, las empresas y los trabajadores podrían gestionar transiciones y diseñar estrategias justas, capacitar en nuevas competencias y asegurar que la digitalización se construya de manera colectiva y equitativa.
Todo debe sustentarse sobre una base de seguridad social universal que garantice salud, pensiones e ingresos mínimos, independientemente del tipo de contrato o empleo formal. De este modo, la transformación digital puede convertirse en un avance civilizatorio en lugar de generar nuevas desigualdades.
En resumen, la digitalización tiene el potencial de crear una sociedad más flexible y conectada, pero también más fragmentada y precaria. Para evitar este desenlace, el desafío es asegurar que la tecnología sirva al bienestar, la identidad cultural y la vida comunitaria. No se trata solo de innovar, sino de quién se beneficia de esa innovación, quién asume los costos de la transición y según qué principios se gobierna.
Es esencial abordar estos procesos desde la distribución del poder, el conocimiento y las oportunidades de desarrollo para garantizar una vida más plena, o de lo contrario, podrían dar pie a mayores injusticias y concentración de riqueza.
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