FACTOS ha señalado desde hace tiempo: tras el incremento de tarifas y la caída de Pardow se oculta un jugoso botín político.
Hoy, el nuevo biministro Álvaro García anuncia un “principio de acuerdo” con Transelec para reembolsar los cobros excesivos acumulados desde 2017. Sin embargo, esta acción parece más una táctica de control político que una verdadera solución: faltan cifras, no hay plazos claros, los mismos actores permanecen en sus puestos y el Congreso ya está trabajando en una legislación breve para silenciar a los consumidores.
Por Claudia Molina B.| FACTOS – Reportaje
Durante su intervención en la Semana de las Pymes, el nuevo biministro de Energía y Economía, Álvaro García, anunció con entusiasmo que “hemos llegado a un principio de acuerdo con las empresas transmisoras” para devolver a los consumidores los montos cobrados indebidamente.
Según García, Transelec y otras empresas del sector “se han comprometido a restituir lo que se cobró de más”, tras identificarse un ‘error metodológico’ en el cálculo del Precio Nudo Promedio (PNP), que duplicó el impacto inflacionario desde 2017.
Sin embargo, el ministro no mencionó que ese “error” fue avalado durante años por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
Es decir, las mismas entidades que debieron detectarlo son las que lo firmaron y aplicaron sin cuestionarlo.
Tampoco aclaró cómo ni cuándo se llevará a cabo la devolución del dinero. No hay cifras, cronograma ni mecanismo de compensación.
El ministerio solo menciona una “reducción promedio del 2%” en las facturas eléctricas a partir de 2026, lo que queda corto frente a los más de $112 mil millones cobrados en exceso.
Una maniobra política disfrazada de acuerdo técnico
El llamado “principio de acuerdo” parece más una táctico de control político que una verdadera solución. El gobierno y las empresas transmisoras intentan calmar la indignación ciudadana, mintiendo con un mensaje aparentemente conciliador y deteniendo protestas o acciones colectivas.
Paralelamente, las comisiones de Energía en el Parlamento —tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado— han comenzado a discutir una ley corta para “acelerar la devolución” y “modernizar el sistema tarifario”. No obstante, hasta ahora, los parlamentarios han actuado como meros observadores del crisis del sistema eléctrico.
“La ley corta que proponen no repara, sino que oculta. Es como un borrón y cuenta nueva en el sector eléctrico.”
Conflictos de interés invisibles
Diversas investigaciones periodísticas han demostrado que importantes empresas eléctricas formaron parte de los aportantes a campañas políticas cuando esto era legal. Aunque no todos los nombres son conocidos, la tendencia es clara: ¿cómo se puede exigir responsabilidad a las mismas empresas que financiaron eventos, seminarios o fundaciones relacionadas?
La Comisión de Energía, que debería supervisar, frecuentemente aplaude los acuerdos en lugar de exigir explicaciones.
Medios como CIPER y El Mostrador han documentado repetidamente el financiamiento histórico del sector eléctrico a campañas políticas, lo que aumenta el riesgo de captura regulatoria:
cuando quienes están en el poder también son quienes regulan.
Ley corta: un simple parche o una amnistía tarifaria
El biministro García y los legisladores implicados afirman que la ley corta permitirá devolver los montos, sancionar a los responsables y congelar aumentos hasta que se revisen los cálculos. Sin embargo, los analistas advierten que una ley corta sin reforma estructural será solo un parche: si no se incorporan auditorías independientes, sanciones severas y compensación automática, lo que se aprobará será una amnistía tarifaria disfrazada de solución.
El cortocircuito político sigue activo
Mientras el ministro sonríe y las empresas prometen devolver lo cobrado indebida, los consumidores continúan recibiendo facturas infladas, las estructuras regulatorias siguen sin cambios y la “ley corta” se perfila para cerrar este episodio con un acto político.
Este no es el final del problema, sino una forma de ocultarlo.
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Con Información de factos.cl
