La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior (Conatuch) hizo un llamado urgente al gobierno y al Congreso para que las comunidades universitarias sean consideradas en los procesos de modernización del sistema, especialmente en lo que respecta al uso de fondos públicos destinados a universidades privadas.
Esta solicitud se planteó durante el Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Universidades Privadas, realizado el 19 de junio en la Universidad del Desarrollo, con la participación del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. La Conatuch, que reúne sindicatos y asociaciones de funcionarios de instituciones de la Red G9 así como de otras universidades privadas fuera del CRUCH, abordó diversas problemáticas que afectan al sector. Entre ellas, la eliminación en 2021 de los Bonos de Navidad y Fiestas Patrias y los cambios en las asignaciones al Aporte Basal, que impactaron directamente en los trabajadores.
Osvaldo León, vocero de la coordinadora y presidente del Sindicato Interempresa n° 1 de Trabajadores de la PUCV, señaló que “la eliminación de los bonos fue parte de una política general de la administración anterior, que no reconocía a los trabajadores ni a las universidades del G9 como interlocutores”. Añadió que el actual gobierno ha prometido revertir parcialmente esta situación mediante un aumento del Aporte Basal por Desempeño, lo que permitiría recuperar gradualmente los beneficios perdidos.
Durante el encuentro, el subsecretario Orellana resaltó la disposición del Ejecutivo para mantener un diálogo permanente con los diversos actores del sistema: “Estamos llevando a cabo un trabajo técnico para abordar, de manera conjunta, las necesidades tanto de las instituciones como de sus trabajadores, utilizando los instrumentos a nuestra disposición”.
Además de estas demandas, la Conatuch expresó su preocupación respecto al debate público y parlamentario sobre la regulación de aranceles en la educación superior. “En las últimas semanas, hemos visto a rectores de universidades privadas alegar en medios de comunicación y en el Congreso que una regulación podría comprometer la calidad de las instituciones. Sin embargo, ignoran que en los últimos 15 años los aranceles han aumentado más del 40% (por encima del costo de la vida) y que el país ya discutió este tema al establecer la ley de educación superior y la gratuidad, encontrando un mecanismo serio y transparente para regular estos valores”, comentaron.
Asimismo, cuestionaron la interpretación actual del concepto de autonomía universitaria. “Las autoridades que hablan en nombre de las instituciones no han sido elegidas por sus comunidades. Académicos, trabajadores y estudiantes no son tomados en cuenta en los debates, a pesar de ser esenciales en los procesos formativos. ¿De quién es la autonomía, de los propietarios o de las comunidades educativas?”, añadieron.
Finalmente, la coordinadora anunció que se movilizará a nivel nacional y en el Congreso para exigir una participación activa en los cambios prometidos por el gobierno. “No buscamos influir sobre el patrimonio privado, pero sí queremos asegurar el uso adecuado de los recursos públicos que estas instituciones reciben a través de la gratuidad, el CAE y otros mecanismos de financiamiento”, concluyeron.
Con Información de desenfoque.cl
