En un hecho sin precedentes de unidad entre los trabajadores del sistema financiero chileno, tanto la banca pública como la privada se han unido para manifestar su desacuerdo ante la decisión considerada injusta de eliminar el feriado bancario del 31 de diciembre, como lo anunció la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La CUT, la CONABAN y el Sindicato de BancoEstado han convocado a una manifestación este jueves 7 de agosto, a las 14:30 horas, frente al Ministerio de Hacienda, en defensa de este derecho adquirido hace más de 60 años.
David Acuña, vicepresidente de la CUT, expresó que “la eliminación del feriado bancario es una decisión arbitraria que atenta contra un derecho ganado por los trabajadores del sector financiero. Este cambio no fue fruto de un diálogo social con los actores involucrados, como el Ministerio del Trabajo, sindicatos y empleadores del área bancaria”.
Los representantes enfatizaron que tal medida debió ser discutida en un entorno tripartito, donde se buscara un consenso que equilibrara las necesidades del sector bancario con el respeto a los derechos laborales. Actuar sin diálogo social lleva a decisiones unilaterales que deslegitiman y perjudican los derechos colectivos, además de ignorar beneficios laborales con más de 60 años de historia en el sector.
Roberto Grandón, a cargo de la Ramal Bancaria de la CUT y presidente de la CONABAN, que agrupa sindicatos del sector bancario, aseguradoras y servicios financieros, subrayó: “Apoyamos la modernización, pero no aceptamos la precarización. Los trabajadores bancarios continuaremos movilizándonos. Si no logramos avances, convocaremos a un paro nacional”. Además, señaló que las dirigencias sindicales, a través de la Ramal Bancaria de la CUT, están trabajando en diferentes mesas para encontrar soluciones.
Iván Ibañez, presidente del Sindicato de BancoEstado, resaltó que “el feriado bancario es un derecho. No permitiremos que la CMF, un organismo sin poder legislativo ni autoridad para modificar derechos laborales, impulse retrocesos en nuestras condiciones laborales”, concluyó el dirigente.
Las organizaciones han instado al Gobierno y a la autoridad reguladora a escuchar las demandas del sector laboral y a respetar los derechos de los 60,000 trabajadores en esta industria.
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