Por Rosita Fuenzalida, periodista*
En Chile, cada 28 minutos una mujer o niña sufre una agresión sexual, con el 95% de los agresores siendo hombres. La violencia de género, en sus diversas manifestaciones, constituye una emergencia constante con rostros conocidos y espacios compartidos.
En 2023, la Subsecretaría de Prevención del Delito reportó 134.116 casos policiales por violencia intrafamiliar (VIF). Ocho de cada diez denuncias fueron efectuadas por mujeres, y en igual proporción, los agresores fueron hombres. Ese mismo año, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registró 51 femicidios, mientras que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género reportó 43, lo que evidencia la persistente ineficacia de las instituciones para prevenir estos hechos.
En este panorama, resulta sorprendente que Chile ya cuente con una herramienta efectiva para prevenir nuevas agresiones: el monitoreo telemático mediante tobilleras electrónicas para agresores. Esta tecnología ha demostrado su eficacia y, aunque opera desde hace años con éxito, su uso se encuentra limitado por obstáculos institucionales, judiciales y de comunicación.
Un sistema que funciona (cuando se utiliza)
El sistema establece perímetros geográficos de exclusión que, si un agresor los atraviesa, generan alertas en el dispositivo móvil de la víctima y en la central de monitoreo, activando protocolos policiales inmediatos.
Los resultados son claros: no se ha reportado ninguna agresión a mujeres que utilicen este mecanismo de protección. La tecnología, gestionada por Gendarmería, presenta un 98% de cumplimiento, permite monitorear medidas cautelares y penas sustitutivas, y disminuye la carga operativa policial, evitando el contacto entre víctimas y agresores.
En la actualidad, aproximadamente 4.200 condenados están bajo monitoreo, aunque el sistema puede abarcar más de 8.000. No obstante, su aplicación en casos de violencia intrafamiliar sigue siendo baja. En 2023 se solicitaron 1.764 solicitudes, de las cuales sólo el 4% fue autorizado por los tribunales.
Las cifras siguen creciendo. Solo en lo que va de 2025, ya se han reportado 19 femicidios, muchos de los cuales podrían haberse prevenido con medidas más efectivas.
Obstáculos institucionales
Las razones para el rechazo judicial son, en muchos casos, de carácter administrativo: direcciones inexactas o proximidad geográfica entre víctima y agresor. Sin embargo, estas limitaciones no reflejan fallas en el sistema, sino una falta de voluntad institucional para adoptar una herramienta moderna de protección.
A esto se añade un problema estructural: la falta de información. Muchas mujeres en riesgo extremo desconocen la existencia de esta alternativa. La desigualdad en el acceso a la información y la desconfianza en el sistema judicial complican una situación donde el tiempo es un recurso crucial y la vida está en juego.
Chile tiene la tecnología, la experiencia y los datos necesarios. Lo que falta es decisión política, voluntad judicial y una estrategia nacional para promover el monitoreo telemático como una política pública real para la prevención de la violencia.
En un país donde la violencia contra las mujeres continúa cobrándose vidas y dejando cicatrices invisibles, el acceso a información puede ser la clave que distinga entre el miedo y la protección, entre el riesgo y la prevención, entre la vida y la muerte.
*Rosita Fuenzalida es periodista y magíster en Comunicación Estratégica
Con Información de desenfoque.cl