El Gobierno, a través de Gendarmería de Chile, está llevando a cabo un proceso de licitación de aproximadamente 54 mil millones de pesos para actualizar el sistema de vigilancia telemática, comúnmente conocido como tobilleras electrónicas. Es sorprendente que, a pesar de la importancia de este sistema —especialmente en relación al seguimiento de penas en casos de violencia intrafamiliar—, no esté presente en la agenda pública.
Este sistema tiene como objetivo reducir el hacinamiento en cárceles, prevenir la reincidencia delictiva, mejorar la reinserción social y ofrecer alternativas a la prisión, mediante una supervisión georeferenciada que ha probado ser efectiva, lo que a su vez disminuye considerablemente los recursos y el tiempo que las policías dedican al control domiciliario.
Actualmente, alrededor de 4,200 condenados están siendo monitoreados con este sistema, aunque existe la capacidad técnica, económica y operativa para supervisar a más de 8,000 condenados simultáneamente.
¿Cómo funciona este sistema en casos de violencia intrafamiliar?
El sistema crea un verdadero anillo de seguridad para las víctimas y su entorno, alertando de forma anticipada a través de una alarma en su teléfono móvil cuando el agresor cruza el perímetro de seguridad, que puede extenderse por cientos de metros. Esto permite que la víctima tome medidas de resguardo en tiempo real y se active una alerta a la central de monitoreo, facilitando una respuesta adecuada, inclusive la intervención temprana de las fuerzas policiales. Gracias a esta tecnología, se ha registrado que el número de agresiones contra mujeres protegidas por el sistema es cero.
El sistema ha demostrado ser altamente efectivo y confiable para el control de personas que cumplen penas de libertad vigilada, especialmente condenados por violencia intrafamiliar y aquellos bajo reclusión parcial, en el marco de la ley 21.378 relacionada con medidas cautelares en esta área.
Desafíos actuales
El monitoreo electrónico de individuos con medidas cautelares ha sido una herramienta complementaria a la seguridad pública y las políticas del Ministerio de Justicia durante la última década. Sin embargo, el uso de tobilleras electrónicas no ha sido parte de las discusiones sobre seguridad en el país; de hecho, ningún candidato presidencial lo considera un tema relevante, enfocándose solo en penas de cárcel o nuevas instalaciones de máxima seguridad.
Además, hay un dato preocupante: a pesar de que la actual empresa proveedora ha demostrado alta efectividad, el sistema judicial se convierte en el principal obstáculo para que más mujeres y potenciales víctimas reciban la protección adecuada. En 2023, solo el 4% de las 1,764 solicitudes de monitoreo telemático en casos de violencia intrafamiliar fueron aprobadas. Las razones de rechazo incluyen imprecisiones en las direcciones proporcionadas y la proximidad entre la víctima y el agresor, especialmente cuando la distancia es inferior a un kilómetro, lo cual limita la efectividad del dispositivo. Esta situación representa una falla lamentable en la actuación de los jueces.
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