El proyecto de Gaspar Rivas y los primeros indicios del ciclo político liderado por José Antonio Kast.
Por Hugo Catalán Flores. Columnista de FACTOS
El diputado Gaspar Rivas ha presentado un proyecto de ley titulado “Reforma la Constitución… introduciendo el estado de justicia en el ordenamiento institucional, permitiendo al Presidente de la República disolver el Congreso Nacional” (Boletín 17989-07, del 21 de noviembre de 2025).
Esta iniciativa nace en un contexto particular. Su promotor concluirá su mandato parlamentario en marzo y no fue reelecto. El tono del proyecto es, al menos, inusual, ya que desafía una tradición constitucional que, a pesar de haber sido vulnerada por la fuerza —con la dictadura como su expresión más evidente—, nunca ha previsto un mecanismo como el planteado. Por ahora, el debate carece de apoyo y su avance es poco probable, tanto por parte del gobierno saliente como de los propios diputados, lo que complica su aprobación y plantea graves dudas de constitucionalidad.
Lo relevante de este proyecto es que se presenta en medio de las especulaciones sobre el establecimiento y el inicio del nuevo gobierno de ultraderecha liderado por J. A. Kast.
En agosto de este año, al comenzar la campaña presidencial, Kast hizo declaraciones ante inversionistas que continúan resonando. Manifestó: “El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos revisando todas las potestades administrativas del Estado…”.
Recientemente, algunos columnistas de El Mercurio han argumentado que, ante un gobierno de derecha, es necesario cumplir con los compromisos, enmarcando esta idea en un concepto de “gobierno de emergencia”. Desde marzo, contarán con cien días para imprimir un sentido de urgencia, respaldado por la idea de que “Chile se cae a pedazos”, una narrativa que, como sabemos, contribuyó a ganar las elecciones.
En este sentido, la administración de Kast podría tomar dos caminos en sus primeros meses. Uno sería el modelo de Giorgia Meloni en Italia: una ultraderechista con un liderazgo pragmático, que ha promovido su programa gradualmente durante tres años sin alterar los equilibrios políticos internos ni europeos. El segundo sería el modelo de Javier Milei en Argentina: un enfoque radical y de shock social.
Esta comparación es provocadora, ya que Kast no enfrentará procesos electorales significativos hasta julio de 2028, a diferencia de Boric, quien tuvo que lidiar con el plebiscito de salida en septiembre de 2022, solo seis meses después de asumir. Con un respaldo electoral considerable, una Cámara de Diputados que le otorga buena mayoría y una fuerte intención de cumplir promesas, es probable que opte por un enfoque agresivo. Para ello, podría combinar herramientas legislativas y decretos de su potestad reglamentaria, creando el marco necesario para impulsar su agenda de «transformaciones», que se traducen en una profundización del modelo neoliberal.
Una dificultad adicional para el movimiento popular y progresista es que la ejecución del programa de Kast se justifica con el discurso del 58 % obtenido en la segunda vuelta (cerca de siete millones de votos), lo que establece un muro discursivo que busca legitimar una agenda reaccionaria. En este contexto, cobra relevancia el proyecto de Rivas, el cual probablemente no será tan directo, sino un mensaje legislativo más elaborado que podría servir a la derecha como un mecanismo de control institucional frente a la oposición.
Es previsible que el sector social y popular observe con atención este proceso: la instauración de un gobierno que aspira a implementar un programa altamente regresivo en términos de derechos sociales, y la posibilidad de que no solo se haga uso de la potestad reglamentaria, sino que se busque establecer una institucionalidad que otorgue mayores poderes ante posibles formas de oposición política, manifestaciones y resistencia social. Todo esto, en el marco de un “gobierno de emergencia”, recortes y políticas regresivas, configura un escenario probable a partir de marzo de 2026.
Con Información de factos.cl
