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El aumento en la desaprobación del Presidente en la encuesta semanal de Cadem es comprensible, sobre todo porque el Mandatario enfrenta críticas de algunos sectores de la derecha en una campaña mediática en su contra, recordada por su intensidad. Recientemente, un parlamentario de la ultraderecha, Cristian Araya, acusó repetidamente al Mandatario de «escaparse» a China y Japón para evitar responder sobre su supuesta implicación en un caso de corrupción que está siendo investigado por el fiscal Patricio Cooper.
Cooper y Ángel Valencia, el actual Fiscal Nacional, tienen una conexión previa que se remonta a antes de enero de 2023. Valencia defendió legalmente a Cooper en un caso de prevaricación en Atacama, solicitando su sobreseimiento que fue rechazado por el tribunal.
El caso en cuestión, conocido como «Procultura», es una de las principales facetas del escándalo «Caso Convenios», relacionado con la corrupción en Chile por traspasos irregulares de fondos públicos a fundaciones privadas. Se alega que ProCultura, creada en 2009, recibió más de 6.000 millones de pesos del Estado entre 2021 y 2022, según un informe de la Cámara de Diputados que identificó «irregularidades administrativas» y fallas en el control de recursos públicos.
Cabe destacar que ProCultura también recibió financiamiento durante el gobierno de Sebastián Piñera. Su director, Alberto Larraín, defendió el convenio con el Ministerio de Vivienda, enfatizando que se debió a su experiencia de más de 10 años trabajando con comunidades, y mencionó su participación en varios proyectos públicos.
Este caso se ha convertido en el argumento que las derechas han estado buscando para desestabilizar el constante 30% de aprobación del Presidente, un índice que ha mantenido a pesar de varios errores dentro de su administración.
Un fiscal ad hoc
Uno de los errores señalados es la falta de supervisión de ProCultura. Desde junio de 2024, Valencia asignó la investigación del caso a su amigo, el fiscal regional Patricio Cooper. Desde entonces, Cooper ha estado involucrado en múltiples investigaciones, especialmente aquellas que tocan a autoridades gubernamentales. Un ejemplo notable fue la interceptación del teléfono de Miguel Crispi, ex subsecretario de Desarrollo Regional, en relación con un convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y ProCultura. Durante este proceso, Cooper solicitó investigar conversaciones del presidente Boric, pero su petición fue rechazada por el tribunal de Antofagasta.
El tribunal dejó claro que las medidas intrusivas solo son válidas bajo circunstancias que indiquen sospechas fundadas de un delito, lo cual no se aplicaba al Presidente Boric. No se encontraron pruebas de que los fondos destinados a ProCultura se hubieran utilizado para actividades políticas, y el tribunal enfatizó que la conexión entre la ex pareja de Boric y la fundación no implicaba culpabilidad.
Las filtraciones
La causa, bajo la dirección de Cooper desde junio de 2024, había sido previamente manejada por el fiscal Carlos Palma. El carácter secreto de la investigación se mantuvo por un tiempo, pero luego se permitió el acceso al expediente, lo que abrió la puerta a filtraciones que, al involucrar a un presidente, son especialmente graves.
Las derechas han amplificado este caso, haciéndose eco de las acusaciones y presionando para investigar el financiamiento irregular en la política. En medio de esto, el Presidente Boric se manifestó con confianza en su accionar y afirmó que lo correcto es permitir que las instituciones funcionen sin interferencias. A pesar de la situación, Boric parece mantener su nivel de aprobación.
Alberto Larraín, por su parte, rechazó las acusaciones de que ProCultura hubiera financiado la campaña de Boric y explicó que los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior. También negó cualquier enriquecimiento personal y aclaró que los fondos utilizados en campañas electorales no provenían de la fundación, sino de su cuenta personal.
A pesar del asedio mediático, la gira por Japón y China del Presidente podría traer importantes beneficios económicos a Chile. Estas visitas buscan aumentar la colaboración con uno de los socios comerciales más importantes del país, lo que podría abrir más de 900 nuevas oportunidades para los empresarios chilenos.
Sin embargo, las derechas se han concentrado en deslegitimar al Mandatario, incluso sugiriendo que debería regresar urgentemente a Chile debido a la investigación en curso. Las declaraciones del parlamentario Cristian Araya y de José Antonio Kast enfatizan esta estrategia política, marcando en qué dirección quieren llevar la narrativa. La situación actual plantea la pregunta de quién se beneficia de la filtración de información en esta investigación y qué impacto tendrá en la opinión pública.
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