Por Hernán Calderón, presidente de Conadecus
Recientemente, hemos sido testigos de situaciones alarmantes: se han descubierto errores en los cálculos de las tarifas eléctricas reguladas por la Comisión Nacional de Energía (CNE), fallos que han pasado inadvertidos hasta ahora y que han llevado a millones de consumidores a pagar de más. Las únicas que parecen beneficiarse son las empresas de generación y transmisión eléctrica.
No solo ha fallado la institución técnica encargada de estos cálculos; también las empresas generadoras podrían ser responsables, ya que parece difícil creer que sus equipos de expertos no se dieran cuenta de un error que les favorecía.
Surge una pregunta válida: ¿qué habría sucedido si el error les hubiese perjudicado? Si permanecieron en silencio ante un beneficio ilegítimo, su falta ética sería considerable, pues el enriquecimiento inapropiado no es simplemente un error: representa una ruptura de confianza con sus clientes y con el país.
Además, en una reciente entrevista, Camilo Charme, director del gremio de generadoras, afirmó que no habían infringido la ley, insinuando que no estaban obligados a restituir el dinero cobrado en exceso. Si esa era su posición, está equivocado; la devolución de dinero mal habido es no solo una obligación legal, sino también ética.
Para que se haga justicia, se debe devolver cada peso cobrado de más a todos los consumidores lo más pronto posible y con los intereses que correspondan.
La propuesta inicial de la CNE sugiere que estas devoluciones se realicen a través de una reducción en la tarifa de la electricidad, que podría ser de aproximadamente un 2% promedio desde enero de 2026.
Hacemos un llamado a las empresas generadoras para que se manifiesten con transparencia respecto a esta propuesta. Si impugnan el proceso tarifario actual, solo confirmarán su intención de retener un beneficio indebido. La ley, la ética y la responsabilidad social deben guiarlas a realizar las devoluciones necesarias. Solo así podremos avanzar hacia un mercado eléctrico más justo y transparente.
El caso de la empresa de transmisión fue diferente, ya que fue esta la que detectó el error —no la CNE— y se «autodenunció» ante el organismo, comprometiéndose a devolver a los consumidores el dinero cobrado de más.
No obstante, es importante señalar que esto no es un evento aislado; parece ser el principio de un problema mayor. En el sector eléctrico, no existe un mercado competitivo que beneficie a los consumidores, sino una regulación cada vez más obsoleta y compleja, que ya no cumple con los intereses del país.
Los subsidios inapropiados a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), la descarbonización forzada de la matriz energética nacional, los antiguos contratos de suministro eléctrico, la prohibida integración vertical entre empresas de transmisión y distribución, y los modelos tarifarios complicados que utiliza la CNE son solo algunos ejemplos de factores que podrían estar generando el aumento en los precios de electricidad en Chile. Estos problemas pueden solucionarse rápidamente, logrando un mercado eléctrico competitivo, como ocurre en los países más desarrollados.
Contar con energía eléctrica abundante y económica es crucial para el desarrollo del país. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades que asumirán el mando en marzo de 2026 para que se atrevan a eliminar esta regulación obsoleta que nos constriñe.
Con Información de desenfoque.cl
