El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por violar varias medidas cautelares relacionadas con su presunta implicación en la financiación de una trama para obstaculizar desde Estados Unidos su proceso por intento de golpe de Estado.
El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, anunció: «Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordeno el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro», según informó el portal brasileño UOL.
Además, el magistrado ha ordenado registrar e incautar bienes del domicilio de Bolsonaro en Brasilia. El exmandatario no puede recibir visitas, salvo a sus abogados, y no está autorizado a usar teléfonos móviles, ni siquiera los de otras personas. Actualmente, porta una tobillera electrónica.
La decisión se tomó tras el incumplimiento por parte de Bolsonaro de no utilizar cuentas de redes sociales de terceros. Un día antes, había hecho uso de la cuenta de su hijo, Flávio, durante manifestaciones para presionar al Supremo.
La Policía realizó un registro en la residencia de Bolsonaro por su supuesta implicación en la financiación de una campaña en Estados Unidos que busca justificar la imposición de sanciones a autoridades brasileñas, incluidos jueces del Tribunal Supremo que han visto sus visados revocados por Washington.
Los investigadores sostienen que Bolsonaro ha destinado hasta dos millones de reales (aproximadamente 347.000 dólares) para promover, a través de su hijo Eduardo, estas sanciones desde marzo, en un contexto donde el expresidente Donald Trump ha mostrado un notable interés por su situación judicial.
Por otra parte, hace un par de semanas, la Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado que se declare culpable a Bolsonaro, lo que podría acarrear penas de prisión de hasta 40 años y la inhabilitación indefinida para ejercer cargos públicos.
Bolsonaro, junto con otras siete personas, está acusado de formar parte del núcleo central de la trama golpista que intentó consolidarse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Se les imputa asociación criminal, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y daños durante las protestas del 8 de enero de 2023, cuando se intentaron tomar las instituciones.
Con Información de www.elperiodista.cl
