La Corte Suprema desestimó, de manera unánime, la solicitud presentada por un grupo de diputados oficialistas para destituir al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Esta decisión del máximo tribunal elimina la opción de destitución, que requiere el apoyo de al menos cuatro séptimos de sus miembros, según el procedimiento establecido para la remoción de fiscales regionales.
De acuerdo con La Tercera, Cooper es el cuarto fiscal regional que enfrenta una solicitud de destitución ante la Corte Suprema desde 2019, lo que refleja las tensiones existentes entre sectores políticos y el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones investigativas.
Antes de ser nombrado fiscal en la Región de Coquimbo a inicios de 2023, Cooper trabajó en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde lideró casos de gran relevancia pública. Uno de estos incluía indagaciones sobre presuntos delitos asociados a la compra de un inmueble que albergó la clínica Sierra Bella, adquirida por la Municipalidad de Santiago bajo la administración de la entonces alcaldesa Irací Hassler.
La investigación sobre Sierra Bella llevó a acciones judiciales, como la incautación del teléfono celular de la diputada Karol Cariola (PC) el 3 de marzo, coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo. Este procedimiento suscitó controversia, tanto por su oportunidad como por su impacto mediático, lo que generó críticas dentro del oficialismo.
Los mensajes entre Cariola y Hassler, obtenidos durante la causa, motivaron al fiscal a abrir una investigación paralela por un posible tráfico de influencias relacionado con la fallida adquisición de la clínica.
Este hecho fundamentó la solicitud presentada por diez parlamentarios del Partido Comunista, Partido Socialista y Frente Amplio, quienes pidieron la destitución de Cooper por considerar un abuso en el uso de sus atribuciones y posibles violaciones de derechos.
ACUSACIONES Y DEFENSAS
En su intervención ante el Pleno de la Corte, la abogada Karinna Fernández acusó “negligencia” en la actuación de Cooper por “filtración de información reservada a terceros no autorizados”, mencionando la entrega de datos a la Municipalidad de Santiago sobre el caso Chinamart que involucra a Cariola y al empresario chino Bo “Emilio” Yang. “Estamos ante un fiscal regional que actúa como litigante”, afirmó.
Fernández también sostuvo que “el comportamiento inconvencional del fiscal regional violó derechos como la debida diligencia, el debido proceso, y la inviolabilidad de las comunicaciones”.
En defensa de Cooper, el abogado Matías Insunza recordó que el abogado Juan Carlos Manríquez, representando a Cariola, desistió de su petición para anular la diligencia.
“La pregunta que debemos hacernos es si se acreditaron las conductas acusadas en la solicitud y, además, si esas conductas fueron manifiestamente negligentes como exige la normativa. Y la respuesta es un claro y rotundo no”, explicó el abogado.
AUDIENCIA
La audiencia ante la Corte Suprema tuvo lugar este lunes, con presentaciones de ambos lados, cada uno con 30 minutos para exponer sus argumentos.
La presidenta subrogante del tribunal, Gloria Ana Chevesich, cerró la revisión cerca de las 16:30 horas, iniciándose luego la deliberación. A las 17:13, la secretaria María Soledad Melo anunció la decisión: el requerimiento de destitución de Patricio Cooper fue rechazado por unanimidad.
Tras conocer el fallo, el abogado defensor Matías Insunza lo consideró como una manifestación de justicia, señalando que la resolución se basó únicamente en los antecedentes legales del caso. Cooper participó en la sesión de forma remota y fue informado directamente del resultado.
COMPRAVENTA DE CASA DE ALLENDE
El fiscal también lidera importantes investigaciones políticas, como la fallida compraventa de la casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja y la revisión de convenios firmados por la fundación ProCultura.
En relación a este último caso, su actuación fue cuestionada luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las escuchas telefónicas ordenadas respecto a Josefina Hunneus, lo que llevó al fiscal nacional Ángel Valencia a apartarlo de la causa.
La solicitud de remoción de Cooper se suma a otros intentos fallidos presentados en años recientes ante la Suprema. En 2020, se rechazó una solicitud contra Emiliano Arias, fiscal regional de O’Higgins. En 2023, una petición contra Marcela Cartagena por el caso Tomás Bravo fue inicialmente aceptada, pero posteriormente desestimada. Y en 2024, legisladores de la oposición intentaron destituir a Xavier Armendáriz, acusándole de falta de imparcialidad en investigaciones relacionadas con el estallido social.
Con el rechazo unánime del requerimiento, el máximo tribunal reafirma su posición frente a este tipo de solicitudes, estableciendo un estándar rigurosos para las remociones y manteniendo a Cooper en el ejercicio de sus funciones.
Con Información de www.lanacion.cl
