Una investigación de Fundación Terram reveló la existencia de importantes subsidios estatales destinados a financiar la mano de obra en la industria salmonera, a pesar de las violaciones a los derechos laborales por parte de las empresas. Además, se identificaron devoluciones por $183 millones a la Tesorería por el incumplimiento de requisitos, lo cual no fue reportado al Ministerio Público, a pesar de la obligatoriedad legal.
Los subsidios a la mano de obra en regiones extremas fueron implementados desde 1975 a través de un Decreto Ley durante la dictadura. En 2003 adquirieron rango legal y desde 2013 se requiere que los empleadores no incurran en prácticas antisindicales ni vulneren derechos laborales; sin embargo, esta exigencia solo aplica a condenas judiciales, no a multas impuestas por la Dirección del Trabajo. A pesar de que entre 2013 y 2023 se registraron 1.367 multas, 31 empresas salmoneras continuaron recibiendo subsidios que superan los $28 mil millones, según reveló una investigación de Fundación Terram publicada en CIPER.
El marco legal establecido en 2013 ha resultado en un mero formalismo, ya que una revisión del listado semestral de empresas condenadas por prácticas antisindicales y violaciones de derechos laborales muestra que ninguna de las 31 empresas beneficiadas ha sido registrada entre 2013 y 2023, lo que sugiere que la exigencia legal no ha tenido resultados prácticos.
Las seis empresas salmoneras que más subsidios recibieron en este periodo incluyen Aquachile, Invermar, Cermaq, Nova Austral, Salmones Antártica y Salmones Austral. Estas han incurrido en infracciones, como la falta de pago de salarios, contratación de mujeres embarazadas para trabajar largas horas sin descanso, incumplimiento de contratos colectivos y no informar sobre accidentes laborales, entre las 1.367 multas impuestas a las 31 empresas beneficiadas.
Desde la implementación de la ley, las empresas salmoneras han recibido más de $67 mil millones para cubrir el 17% de los salarios de más de dos millones de trabajadores, según la investigación.
Maximiliano Bazán, periodista de Fundación Terram y autor de la investigación, señala que “esto es relevante porque implica grandes sumas de recursos públicos que el Estado debería evaluar en cuanto a su efectividad. Surge la pregunta de si estos subsidios realmente promueven la contratación y el aumento de salarios o si, por el contrario, solo ayudan a reducir los costos empresariales, especialmente en un sector como el salmonero, que tiene altos niveles de rentabilidad y no debería necesitar apoyo estatal”.
Subsidios a la mano de obra otorgados a empresas salmoneras mientras violaban derechos laborales (2013-2023)
En 2002, durante la discusión de la ley que instituyó el subsidio a la mano de obra, ya existían críticas sobre la justeza de otorgar recursos públicos a industrias altamente competitivas como la salmonera. Senadores de la época, como Jaime Gazmuri (PS) y Alejandro Foxley (DC), cuestionaban la fórmula del subsidio como un enfoque obsoleto para el fomento productivo, reflejando un uso ineficaz de recursos públicos.
Aunque el proyecto original de 2002 preveía una disminución gradual en el porcentaje de bonificación desde 2005 hasta 2013 (ver tabla), esto nunca se ha concretado, siendo prorrogado bajo las mismas condiciones hasta 2035.
Incumplimientos y potencial fraude al fisco
En el segundo capítulo, la investigación indica que trece empresas salmoneras habrían recibido subsidios incumpliendo requisitos legales, incluyendo trabajadores con salarios por debajo de lo establecido por la Ley 19.853, trabajadores que no residían en la zona beneficiada y hasta aquellos despedidos.
Según la Tesorería General de la República, la ley permite “aceptar una declaración jurada donde el empleador manifieste que está al día con las cotizaciones previsionales y que el monto del beneficio solicitado se ha determinado conforme a la normativa vigente”. Por lo tanto, la información proporcionada por las empresas al momento de solicitar el subsidio se asume como verdadera hasta que se demuestre lo contrario, siempre que haya fiscalización.
El artículo 2° de la Ley 19.853 establece que “constituyen delito de fraude al Fisco y se sancionarán con presidio menor, en sus grados medio a máximo, la obtención de la bonificación mediante la inclusión en planillas de trabajadores inexistentes o con domicilio en otra zona, y la falsedad en cuanto al monto de las remuneraciones efectivamente pagadas e imponibles por la empresa”.
A pesar de que estas razones son causales para la obtención indebida del beneficio, la Tesorería no derivó los casos al Ministerio Público, incluso tras haber solicitado la devolución de los fondos.
Subsidios a la mano de obra obtenidos indebidamente por empresas salmoneras identificados por la Tesorería General de la República (2014-2023)
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