La nueva normativa impone obligaciones relacionadas con la compraventa, almacenamiento, manipulación y uso de plaguicidas agrícolas en el país. Su objetivo principal es controlar el auge del comercio ilegal de estos productos y su uso inadecuado en los cultivos, al mismo tiempo que fomenta una agricultura sostenible, beneficiando tanto a los trabajadores del sector como a las comunidades rurales.
Esta mañana, la Comisión Asesora de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se reunió para discutir inquietudes y oportunidades de mejora en relación con la Resolución 243, que regula el manejo de plaguicidas en términos de almacenamiento, comercialización, manipulación y aplicación. El fin es reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La comisión es interministerial y está integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, así como de asociaciones gremiales de productores agrícolas y de la industria de agroquímicos.
Durante la reunión, que había sido convocada previamente por la autoridad para atender las inquietudes de diferentes actores del sector, se presentó un informe sobre las acciones llevadas a cabo desde 2022 y se detalló la nueva resolución publicada en enero de este año, que entrará en vigencia en 2026.
La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, quien lideró la reunión junto al director nacional del SAG, José Guajardo Reyes, enfatizó que en este encuentro “escuchamos a los miembros de la comisión y establecimos una hoja de ruta para dialogar acerca de las diversas perspectivas sobre la resolución”. Fernández destacó la relevancia de esta normativa, señalando que “constituye un avance importante en la regulación del uso de plaguicidas en Chile, enfocándose en la capacitación, trazabilidad y protección del medio ambiente para asegurar una agricultura más segura y sostenible”.
Por su parte, el director nacional del SAG, José Guajardo Reyes, indicó que “el diálogo es fundamental para conciliar las distintas visiones sobre este asunto. Existen perspectivas diversas, algunas orientadas hacia el desarrollo productivo, otras al sector apícola y la agricultura orgánica. Para avanzar en la modernización de la regulación en este ámbito tan crítico para la agricultura, debemos buscar puntos en común. Trabajaremos en eso y estamos completamente abiertos al diálogo”.
¿Qué implica esta nueva normativa?
Esta regla establece nuevas exigencias para la compraventa, almacenamiento, manipulación y uso de plaguicidas agrícolas en el país. Se requiere que quienes apliquen plaguicidas cuenten con una credencial que certifique sus competencias, y se pone especial énfasis en llevar registros que garanticen la trazabilidad. Además, los agricultores deberán informar al SAG al menos 48 horas antes de realizar cualquier aplicación de plaguicidas; en situaciones de emergencia justificadas, este plazo se reduce a 24 horas. También se deberá respetar los períodos de reingreso después de las aplicaciones de plaguicidas para salvaguardar la salud de los trabajadores, así como realizar capacitaciones, entre otros requisitos.
Estas nuevas exigencias están diseñadas para combatir el aumento del comercio ilegal de agroquímicos, que ha crecido en los últimos años debido al robo de plaguicidas y su comercialización irregular, así como su uso incorrecto para combatir plagas y enfermedades en los cultivos. Además, beneficiará a los trabajadores agrícolas mediante mejores capacitaciones, impulsará una agricultura sostenible mediante la adecuada eliminación de envases vacíos de plaguicidas, y mejorará la trazabilidad y registros, dotando al SAG de herramientas más eficaces para la vigilancia y el control del tráfico ilegal de plaguicidas.
Al finalizar la reunión de la Comisión Asesora, Cristian Muñoz, presidente de la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile y presidente del Instituto Pensamiento del Agro, expresó su agradecimiento por la instancia y el trabajo que se realizará. “Valoramos enormemente la protección de la vida de nuestros ciudadanos mediante el uso responsable de plaguicidas, aspirando a reducir los límites de residuos y eliminar las alertas relacionadas con el uso inapropiado de productos que no corresponden a los cultivos. Sin embargo, esperamos que la autoridad utilice los recursos necesarios para llevar a cabo las fiscalizaciones y normativas de manera que se alcance un equilibrio entre las opiniones de quienes producimos alimentos (…) Prevemos volver a reunirnos en 15 días en comisiones técnicas para avanzar en un plan que refleje nuestra realidad y la del país”, enfatizó.
Andreas Köbrich, secretario general del Consorcio Agrícola del Sur y asesor de Mercado de Cultivos en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), comentó que “la reunión fue muy positiva. Nos sorprendió la emisión de la Resolución Exenta 243 por parte del SAG, la cual abarca cuestiones administrativas y burocráticas que consideramos difíciles de cumplir. Sin embargo, también trata aspectos de seguridad en la aplicación de plaguicidas, aspecto con el que estamos de acuerdo. Todos los gremios que representamos, tanto de la agricultura familiar como de los medianos agricultores, coincidimos en que la dificultad radica en cómo implementar operativamente esta regulación, y creemos que encontraremos un camino colaborativo para cumplir con los requisitos del SAG”.
Andrés Acevedo, gerente general de Chile Alimentos, concluyó que “parece que existe la voluntad de mejorar la resolución actual que tanto necesita la agricultura nacional. No obstante, debemos alcanzar un buen acuerdo; se discutieron muchos temas que requieren atención, como los plazos de aviso, el fraccionamiento y la capacitación. Celebro que hay una voluntad política de hacer un mejor trabajo, y espero que Chile alcance una resolución adecuada”.
La comisión asesora se reunirá cada dos meses en los próximos meses con el objetivo de desarrollar, para finales del primer semestre, una resolución ajustada que satisfaga las necesidades de regulación del uso de plaguicidas, protegiendo la actividad agrícola productiva.
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