En Chile, las 300 organizaciones del Espacio Día a Día por Julia Chuñil manifestamos con profunda preocupación ante la opinión pública nacional e internacional que, a 120 días desde el 8 de noviembre de 2024, fecha de la desaparición forzada de la dirigente mapuche Julia Chuñil, las autoridades, incluyendo la justicia, no han proporcionado información oficial a su familia ni al país sobre esta grave situación. Por el contrario, tanto la prensa como el Estado, representado por el presidente Gabriel Boric y el delegado presidencial Jorge Alvial, han tenido acceso a la carpeta investigativa, mientras que la familia y los abogados de Julia Chuñil Catricura, defensora de su territorio ancestral y mujer mapuche de 72 años, previamente amenazada y hostigada por el terrateniente Juan Carlos Morstadt Anwandter, siguen en la oscuridad.
Este caso evidencia un racismo judicial y patriarcal alarmante. El fiscal Carlos Bahamondes filtró información a medios aliados al sistema, sugiriendo culpas a miembros de la familia, antes de irse de vacaciones. El abogado defensor tuvo que presentar una querella para obtener acceso a la investigación. Exigimos una investigación sobre esta filtración y la divulgación de sus resultados. Es inaceptable que los familiares de Julia Chuñil, quienes han estado sufriendo psicológicamente durante estos cuatro meses, sean sometidos a una presión mediática irresponsable. Señalamos que las repetidas invasiones y las filtraciones parciales parecen formar parte de un montaje mediático, con el objetivo de encubrir a los verdaderos culpables. Identificamos un patrón de conducta similar al utilizado durante la dictadura por los medios y el poder judicial. Recordamos la impunidad que rodea el caso de la defensora mapuche Macarena Valdés, quien fue víctima de un feminicidio empresarial disfrazado de suicidio a través de un montaje.
Su familia, amigos y diversas organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y el medio ambiente exigen saber: ¿DÓNDE ESTÁ JULIA CHUÑIL CATRICURA? Esta es también la pregunta que su familia desea dirigir al Presidente de la República, quien se ha negado a recibirlos.
Este 8 de marzo de 2025, a cuatro meses de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, reafirmamos con firme convicción que el Estado de Chile es responsable de lo sucedido. La deplorable actuación de la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que debería defender los derechos indígenas, ha sido central en este caso, ya que ha cedido tierras al empresariado forestal sin informar a quienes tienen derechos ancestrales sobre ellas, como la comunidad Putraguel, encabezada por Julia Chuñil. Estos hechos tienen similitudes con el caso de Francisca Curihuinca Calcumil, otra mujer indígena adulta mayor, actualmente en prisión preventiva acusada de robo de madera y usurpación por las empresas forestales Arauco y Mininco, con la intervención del Ministerio del Interior.
La violación de los derechos de estas mujeres mapuche es consecuencia de un modelo de explotación forestal y monocultivo protegido por el Decreto 701, instaurado durante la dictadura y renovado por gobiernos posteriores, en detrimento del bosque nativo. Este diseño económico, ideológico y represivo ha colocado al Estado en una clara persecución contra los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, facilitando que el empresariado forestal despoje de sus tierras, ya sea mediante el sistema judicial o a través de métodos violentos. El Estado de Chile ha incumplido sus compromisos derivados del Convenio 169 de la OIT, que garantiza derechos a los pueblos originarios, incluso a aquellos en prisión. Esta implacable persecución se ha manifestado en prisiones preventivas excesivas para comuneros mapuches, aislamiento de presos, torturas, negación de derechos culturales y religiosos en las cárceles, condenas desproporcionadas, ejecuciones summarias de activistas en procesos de recuperación de tierras, montajes, militarización del Wallmapu durante más de tres años y ataques a sus defensores legales, evidenciando un sistema judicial inclinado a favor del empresariado forestal.
Así, la desaparición de Julia Chuñil es una consecuencia directa de este sistema que favorece a las empresas forestales y persigue a los pueblos indígenas, concentrando en ella todas las violencias del patriarcado, la precarización etárea, la discriminación, el racismo, el clasismo y el colonialismo extractivista.
No cesaremos en nuestra demanda en todo el país para que la Fiscalía y las fuerzas policiales cumplan con su deber de buscar a Julia hasta encontrarla, y que se investiguen a fondo las circunstancias de su desaparición. Los responsables, tanto intelectuales como materiales, deben comparecer ante la justicia sin dilaciones, montajes ni encubrimientos. Exigimos al Estado que demuestre que en Chile, realmente, nadie está por encima de la ley.
Chile, 8 de marzo
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