Profesor de Historia y analista político.
La reciente iniciativa presentada por concejales de Las Condes, que incluye a representantes del Partido Republicano y Evópoli, para nombrar una calle o plaza en honor al dictador Augusto Pinochet, constituye no solo un ataque a la memoria histórica del país, sino también un indicador alarmante de la deterioración de los principios democráticos en ciertos sectores de la derecha política. Que una propuesta de esta índole reciba el apoyo de partidos que se consideran «moderados» y «democráticos», como Evópoli, pone de manifiesto una grave contradicción ética y política. No es posible sostener una postura democrática y, simultáneamente, respaldar la exaltación de un régimen que causó torturas, asesinatos y desapariciones de miles de compatriotas.
La figura de Pinochet evoca, para gran parte de la sociedad chilena, un pasado marcado por el terror y el autoritarismo. Durante la dictadura, no solo se violaron sistemáticamente los derechos humanos, sino que también se instauró un modelo económico y social que acentuó las desigualdades. Cambiar el nombre de un espacio público en su honor no es un acto trivial; es un intento flagrante de reescribir la historia y de blanquear la violencia. La memoria histórica, los derechos humanos y la obligación de garantizar que no se repitan estos crímenes son conceptos que requieren educación y defensa constante, especialmente en un contexto donde ciertos sectores políticos intentan relativizar o justificar las atrocidades de la dictadura.
Este intento de reivindicación hacia Pinochet no surge en un vacío político. Por el contrario, se desarrolla dentro de un preocupante contexto global, donde movimientos de derecha radical y populista avanzan en diversas partes del mundo, socavando las democracias y normalizando discursos autoritarios. Desde el auge de líderes ultraderechistas en Europa hasta la proliferación de movimientos negacionistas y revisionistas en América Latina, lo que sucede en Las Condes es parte de una tendencia más amplia. Estas iniciativas no solo son revisionistas desde una perspectiva histórica, sino que también buscan deslegitimar las luchas por los derechos humanos y debilitar las instituciones democráticas. Así, la propuesta de los concejales no es únicamente un problema local; es un eslabón más en una cadena de retrocesos que ponen en riesgo la convivencia democrática.
En este contexto, la posición de la alcaldesa Catalina San Martín, quien hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la moción, resulta inquietante. Como representante de una centro-derecha que afirma adherir a los valores democráticos, tiene la responsabilidad de rechazar de manera categórica esta propuesta. Ignorar su discusión en el concejo municipal no es solo un gesto político, sino un deber ético. Las Condes no debe transformarse en un símbolo de impunidad y negacionismo.
La alcaldesa debe alinearse con la democracia, los derechos humanos y las víctimas, enviando un mensaje contundente: no hay cabida en el Concejo Municipal para el negacionismo.
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