La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue condenado la semana pasada a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos y fraude procesal, ha solicitado este lunes al Tribunal Superior de Bogotá su liberación inmediata hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra la sentencia.
En el documento presentado, el abogado de Uribe, Jaime Enrique Granados, ha argumentado que esta decisión representa una «grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad» del exmandatario, tras la condena emitida el viernes pasado.
El abogado ha afirmado que la sentencia «transgredió» los derechos de Uribe al ordenar la privación inmediata de su libertad, a pesar de que la condena no es definitiva. Además, ha denunciado que el proceso «se desarrolló con serios vicios de motivación y en evidente desprecio a su presunción de inocencia».
Por esta razón, en el escrito de 91 páginas, ha solicitado que se anule el numeral cuarto de la sentencia, asegurando su derecho a permanecer en libertad bajo la presunción de inocencia hasta que se tome una decisión final en el proceso penal.
La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, condenó el pasado viernes a Uribe a doce años de arresto domiciliario, más de ocho años de inhabilitación y una multa superior a 3.444 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 720.700 euros, por soborno de testigos y fraude procesal, en un caso que se remonta a 2012.
Heredia determinó, tras evaluar las pruebas, que Uribe instigó a intermediarios para manipular testimonios en cárceles del país, lo que advierte sobre su presunta conexión con el paramilitarismo. Uribe ha negado las acusaciones, alegando ser víctima de una persecución política. La investigación reveló que su abogado, Diego Cadena, intentó ofrecer beneficios a exparamilitares para que alteraran sus declaraciones sobre los vínculos de Uribe y su hermano, Santiago, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, afirmando que este había recopilado falsos testimonios en su contra sobre el paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, pruebas posteriores indicaron que los abogados de Uribe intentaron manipular testigos para incriminar a Cepeda, lo que resultó en el cambio de estatus de este último de acusado a víctima y el de Uribe de demandante a investigado.
Con Información de www.elperiodista.cl
