Por Patricio Herman
Recientemente, varios medios de comunicación han dado a conocer numerosas cartas y han realizado entrevistas a ciudadanos que han presentado quejas contra el Servicio de Impuestos Internos (SII). Estas quejas surgen debido a que consideran que los avalúos de sus propiedades, que determinan el monto de las contribuciones de bienes raíces o impuestos territoriales, son excesivos. Es relevante señalar que los afectados tienen la posibilidad de solicitar, con argumentos sólidos, una revisión del avalúo. Si se prueba que hubo un error, el SII está dispuesto a ajustar la cantidad a la baja. Es importante mencionar que el SII basa sus cobros en el avalúo fiscal del inmueble, que suele ser inferior al avalúo comercial. A pesar de que algunos proponen la eliminación de este impuesto, argumentando que afecta negativamente el patrimonio de las personas.
Según las estadísticas disponibles, en Chile hay aproximadamente 7.000.000 de viviendas, de las cuales el 77% no paga contribuciones de bienes raíces debido a su bajo avalúo. Además, 5.200.000 de estas propiedades se acogen a la regulación del DFL2, creado en 1959, que considera «viviendas económicas» aquellas que no superan los 140 m2 construidos. Sin embargo, algunas de estas se encuentran en comunas como Las Condes, Vitacura, Colina, Providencia y Lo Barnechea dentro de la Región Metropolitana de Santiago y se venden en el mercado por precios que superan los $350.000.000. Esta situación se replica en balnearios de alta demanda y en las ciudades más relevantes de las 16 regiones del país.
Cabe destacar que durante 64 años, los propietarios de viviendas bajo el régimen DFL2 no pagaron impuestos sobre la renta por los ingresos generados por arrendamientos, tal como lo establece el DFL2. Además, la carga de las contribuciones presenta una considerable reducción durante ciertos períodos, dependiendo de la superficie de la propiedad. Asimismo, el 65% de los ingresos obtenidos anualmente a través de este impuesto se distribuyen entre las comunas donde se encuentran estas viviendas.
A partir de este año, los propietarios que operan en el sector de arrendamiento residencial comenzarán a tributar por los ingresos generados a partir de los alquileres de sus propiedades. Es relevante mencionar que, según datos oficiales del SII del 31/03/2023, en respuesta a consultas de este autor, se identificaron las siguientes cifras de propietarios de viviendas DFL2 que se alquilan bajo estos beneficios fiscales:
77.412 personas poseen entre 3 y 10 viviendas.
2.295 personas poseen entre 11 y 30 viviendas.
505 personas poseen entre 31 y 100 viviendas.
135 personas poseen entre 101 y 200 viviendas.
89 personas poseen entre 201 y 500 viviendas.
36 personas poseen entre 501 y 1.000 viviendas.
16 personas poseen entre 1.001 y 3.000 viviendas.
9 personas poseen más de 3.001 viviendas.
Dada la gran cantidad de propietarios de una o dos viviendas, que supera los 2.000.000, no se incluye esta cifra. Sin embargo, al multiplicar el precio promedio del alquiler mensual por la cantidad de propiedades que sus 80.497 dueños no tributaron históricamente, se puede estimar la gran suma de dinero que el Estado ha dejado de recaudar durante tantos años, cifra que seguramente ha aumentado desde entonces.
Como alternativa hacia una justa solución, se podría considerar un proyecto de ley que permita a aquellos propietarios, jubilados y residentes en su propia vivienda, con un avalúo fiscal determinado y sin la propiedad de otras viviendas ni activos sujetos a este impuesto, obtener una exención de la contribución de bienes raíces de su hogar. No obstante, en contraposición a las solicitudes ejercidas por muchos, abogamos por la permanencia de este gravamen, ya que los fondos recaudados son cruciales para la financiación de servicios y bienes públicos necesarios.
Por Patricio Herman
17 de febrero de 2025
Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no necesariamente reflejan las posiciones de El Ciudadano.
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