Periodista y editora internacional.
La ola de violencia y desconfianza hacia las instituciones peruanas ha estado presente durante mucho tiempo. Algunos lo consideran una crisis permanente, mientras que otros atribuyen la situación a la corrupción en los partidos políticos, el Congreso, el Poder Judicial y las policías.
Desde 1990, Perú ha tenido 11 presidentes, de los cuales solo dos no han sido acusados ni investigados por corrupción: Valentín Paniagua, quien asumió en noviembre de 2000 y se destacó por renovar el Poder Judicial y liberar a presos políticos; y Francisco Sagasti, quien ocupó la presidencia interina en noviembre de 2020, enfrentándose a un estallido social y una grave crisis sanitaria durante su gobierno.
Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Perú ha tenido que lidiar con la creciente ola de bandas de crimen organizado tras la pandemia y la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Solo en Lima y Callao, más de 80 conductores han sido asesinados por extorsionadores este año, y en diversas regiones se reportan amenazas a comerciantes y empresarios, llevando incluso al cierre de colegios y la educación remota de sus alumnos.
El ataque reciente a la famosa orquesta Agua Marina marcó un quiebre significativo, resultando en cuatro heridos durante un ataque armado en un concierto dentro de un recinto militar. Esta situación consolidó la imagen de un país sin ley, intensificando la sensación de inseguridad y un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos.
Un hecho que encendió las alarmas dentro del Congreso, más preocupado por las campañas políticas, fue el intento de linchamiento del polémico presentador de televisión Phillip Butters en Juliaca, cuyo discurso incendiario generó el rechazo de muchos.
Es evidente que tras la salida de Pedro Castillo, la división entre Lima y las regiones se ha agudizado, así como el clasismo y la xenofobia. Este ambiente debe ser atendido con urgencia durante las campañas.
Entre gallos y medianoche: un cambio sin transición
La destitución de Dina Boluarte fue consecuencia de una presión política y social que se volvió insostenible. Su gobierno, marcado por la represión y la inacción ante la inseguridad, fracasó por su falta de legitimidad.
José Jerí, presidente del Congreso en ese momento, asumió la presidencia de la República del Perú según la Constitución, pero su llegada fue recibida con escepticismo. No hubo elecciones ni una transición clara, lo que solo representó un cambio de figura, no de sistema.
Días después, Jerí intentó distanciarse de Boluarte, prometiendo “restablecer el orden” y “escuchar al pueblo”, pero sus acciones no lo respaldaron. A cuatro días de su nombramiento, aún carece de un gabinete, y su comunicación se limita a una imagen de modernidad superficial.
¿Fue una decisión impulsiva del Congreso? ¿Existió una planificación adecuada para el escenario posterior a Boluarte? La caída de Boluarte podría ser insuficiente si el Congreso no aborda las problemáticas que causan la escalada criminal.
15 de octubre: ¿plazo fatal?
La convocatoria para el paro nacional del 15 de octubre surgió de diversas organizaciones: la Generación Z, profesores, estudiantes universitarios, transportistas y sindicatos. Aunque sus demandas varían, comparten el rechazo a la clase política y exigen un Estado que proteja y responda.
El Bloque Universitario, formado por estudiantes de varias universidades, fue uno de los primeros en movilizarse. Denuncian una “dictadura del Congreso y el Ejecutivo” y afirman que el problema va más allá de quién gobierna; se trata de cómo se gobierna. Su lema es: “El pueblo no se rinde”. Ahora han centrado sus esfuerzos en el Congreso.
Los transportistas, tras reunirse con Jerí, se dividieron. Algunos gremios decidieron no participar tras recibir compromisos del gobierno, mientras que otros sectores mantuvieron la convocatoria. Esto refleja la profunda tensión entre negociar con un presidente sin gabinete y presionar desde la calle.
El miedo a la violencia y el derecho a protestar
El Ministerio Público y la Policía Nacional han anunciado que garantizarán el derecho a la protesta, al tiempo que aseguran el libre tránsito. Esto implica que se puede marchar, pero sin bloqueos ni violencia, un mensaje complicado de aceptar en un contexto donde la represión ha cobrado vidas en protestas anteriores.
Los gremios empresariales, en un comunicado, piden que la marcha se lleve a cabo “sin violencia y en un ambiente de respeto”. Reconocen el derecho a protestar, pero resaltan que la inestabilidad política está socavando el desarrollo. Pero, ¿qué hacer cuando la falta de orden es precisamente lo que el país enfrenta?
El problema no es solo la delincuencia, sino el vacío de poder que la permite. Un Estado que no protege, investiga ni castiga se convierte en cómplice. Un Congreso que vaca presidentes, pero no reforma el sistema, con 105 de 125 congresistas bajo investigación, es parte del problema. En un país donde 80 transportistas son asesinados en un año y nadie rinde cuentas, la situación es insostenible.
¡Basta!
El 15 de octubre representará algo más que un paro. Es la manifestación de un país que ha agotado sus canales institucionales, una ciudadanía que ya no confía en promesas ni cambios de gabinete. Es el resultado de una democracia vacía de representación y un estado ausente.
José Jerí cuenta con horas, no días ni años, para demostrar que su gobierno no es una continuación del fracaso. Si el paro del 15 transcurre con violencia, será un reflejo de la incapacidad del Estado para representar a los peruanos. Si se desarrolla pacíficamente, pero sin soluciones, será solo el preludio de nuevas protestas. Porque el Perú no solo pide, exige, y si no son escuchados, regresarán a las calles. Reiteradamente. Hasta que alguien comprenda que esto no es un simple paro, es un país entero gritando ¡Basta!
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