Hernán García Moresco, Magíster en Ingeniería Informática (USACH), Diplomado en Big Data y en Ciencias Políticas y Administración Pública (Universidad de Chile), Licenciado en Educación en Matemáticas y Computación (USACH).
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos (Instituto IDEA-USACH), Magíster en Ciencia Política (Universidad de Chile), Geógrafo y Licenciado en Geografía (PUC de Chile). Integrante del Centro para el Desarrollo Comunal Padre Hurtado.
En los últimos meses, se ha debatido sobre la permisología y cómo la acción administrativa del Estado ha dificultado el avance de los procesos de inversión privada, enfatizando en el largo tiempo de tramitación. Se sugiere que existen procesos homogéneos en distintas reparticiones del Estado para proyectos de inversión similares.
Nuestra cultura ha definido que muchos procesos sociales, económicos, políticos, de salud y educación deben ser “validados” por alguna instancia como autoridad, notario, juez, etc. Así, por un lado, criticamos la carga burocrática que nos imponemos, mientras que por el otro, nos enorgullecemos de ser un país ordenado que obedece las reglas, llevando a cabo un registro exhaustivo de las acciones del Estado, y a menudo añadiendo más regulaciones. Sin embargo, es importante señalar que siempre debemos estar abiertos a reformas y modernización del Estado, considerando la permisología en un marco de consenso público-privado-social.
En esta línea, la crítica proviene en gran medida del sistema sociopolítico, especialmente en períodos electorales, donde resuena el mensaje de que “Chile se cae a pedazos”, intensificado por la función de la Contraloría General de la República, que ha revelado prácticas corruptas.
Por ello, esta narrativa de campaña, principalmente desde las candidaturas de derecha, busca desacreditar los resultados del gobierno, pero no refleja la realidad que muestran informes del Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística sobre el empleo.
Si se compara con Argentina y otros países de la región, nuestra economía se mantiene como una de las más solventes, e igualmente, la gobernabilidad en Chile es más consistente que en otros países de América Latina.
Chile enfrentará elecciones congresales y presidenciales en noviembre de 2025, en un contexto donde la ex presidenta Michelle Bachelet se perfila como una figura clave representando la estabilidad del país en la arena internacional, a pesar de la polarización interna que enfrenta.
El modelo de propaganda electoral 2025 utilizado por la derecha, caracterizado por la posverdad y mensajes agresivos, no refleja la realidad, y contribuye al desencanto hacia la política, intensificado por el uso de redes sociales para difundir noticias falsas.
Esta estrategia, que busca desestabilizar al electorado, termina por beneficiar a las candidaturas de la derecha, que se presentan como las soluciones a los problemas sociales que ellos mismos han diagnosticado, pero haciéndolo con datos manipulados.
Así, se concluye que, aunque el panorama actual señala desafíos, la idea de que “Chile se cae a pedazos” es una distorsión provocada por la manipulación de la información.
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