Este lunes, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, destituyéndolo por notable abandono de deberes. Este es el tercer alto magistrado que es removido debido a acusaciones impulsadas por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, en un esfuerzo por combatir la corrupción en el Poder Judicial, revelada por el escándalo del Caso Hermosilla.
La destitución de Simpertigue se suma a las de la exministra de la Suprema Ángela Vivanco y al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
La acusación, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, reveló las preocupantes conexiones de Simpertigue con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva por presunto cohecho. Se mencionaron viajes en crucero realizados poco después de emitir fallos favorables en causas donde ellos estaban involucrados, así como conflictos de interés relacionados con la llamada «trama Bielorrusa» y su entorno familiar.
“La acusación contra el juez Simpertigue ha sido aprobada. Este es el tercer juez relacionado con redes de corrupción que deja su puesto gracias a nuestras gestiones. Chile demanda una justicia clara, para la gente honesta, independiente y libre de influencias corruptas”, expresó el diputado Daniel Manouchehri.
“Agradecemos especialmente a la prensa valiente que contribuyó a desvelar la verdad. Nadie está por encima de la ley”, añadió.
Por su parte, la diputada y senadora electa Daniella Cicardini resaltó que “el Senado ha aprobado la acusación constitucional, y con la destitución del ministro Simpertigue, ya son tres los jueces vinculados a corrupción que han causado un profundo daño a la justicia chilena”.
“Continuaremos denunciando y promoviendo una limpieza a fondo del Poder Judicial, porque debemos defender la democracia con valentía y coraje”, afirmó.
Tras la deliberación del Senado, Diego Simpertigue ha sido destituido del Poder Judicial y se le inhabilita para ejercer cargos públicos por un período de cinco años, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el Caso Hermosilla.
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Con Información de pagina19.cl
