La propuesta, que lleva 14 años en el Senado, tiene como objetivo implementar una administración conjunta de bienes, eliminando el derecho exclusivo del marido a decidir sobre el patrimonio familiar.
De acuerdo con el Registro Civil, el 53,7% de los matrimonios en Chile en la última década se han celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que corresponde a más de 321 mil matrimonios, en comparación con los 261 mil que optaron por la separación de bienes.
El martes 13 de mayo, la Comisión de Constitución del Senado reanudó la discusión sobre esta reforma, diseñada para corregir una discriminación histórica que limita a las mujeres casadas bajo este régimen en la administración de sus bienes.
Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, estuvo presente en la Comisión para explicar la importancia de este proyecto, haciendo énfasis en la necesidad de avanzar hacia la igualdad en la gestión patrimonial. “En la vida diaria, por ejemplo, muchas mujeres rurales enfrentan obstáculos para acceder a programas como la Ley de Riego o la Ley de Fomento Productivo de INDAP, ya que deben solicitar permiso a sus esposos. Igualmente, muchas emprendedoras no pueden formalizar empleos porque necesitan la autorización de sus maridos para varios trámites. En algunas localidades, esto obstaculiza los procesos de reconstrucción”, señaló Orellana y agregó: “Buscamos alcanzar un acuerdo que asegure la igualdad en todos los aspectos de la vida, uno de los cuales es el derecho de las mujeres a gestionar y controlar sus bienes”.
La propuesta actual es resultado de la fusión de dos iniciativas parlamentarias y un mensaje presidencial del 2011. En 2023, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género introdujo modificaciones y urgencia a la tramitación, permitiendo que el proyecto avanzara, por primera vez en años.
La iniciativa pretende mantener la sociedad conyugal como el régimen predeterminado al casarse, pero con una lógica renovada: implementar la administración conjunta de los bienes y eliminar el poder exclusivo del marido para decidir sobre el patrimonio común.
En ese sentido, establece una distinción práctica: mientras que en gestiones diarias cualquiera de los cónyuges podrá actuar indistintamente, para decisiones relevantes, como la venta de bienes raíces, será necesaria la firma de ambos.
¿Qué implica esta reforma?
Actualmente, si una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal desea, por ejemplo, iniciar un negocio, solicitar un crédito, recibir una herencia o acceder a ciertos apoyos gubernamentales tras un accidente, necesita la autorización de su esposo, quien tiene la administración exclusiva de la sociedad conyugal.
Con las modificaciones propuestas, en cambio, las mujeres podrán tomar decisiones de este tipo sin tener que pedir permiso, actuando de manera independiente en cuestiones patrimoniales importantes y ganando autonomía en la gestión de sus bienes.
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