La agenda impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, que se centra en el crecimiento económico y cuenta con el controvertido proyecto de permisología —que suaviza normativas ambientales bajo el nombre de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales—, podría beneficiar, de manera inesperada, a los glaciares de Chile.
A poco más de dos meses de asumir la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el senador Alfonso de Urresti (PS) ha presentado su agenda legislativa, la cual incluye la protección de estas estructuras de hielo.
Han existido numerosas iniciativas destinadas a salvaguardar estos glaciares, cada vez más amenazados por diversas actividades industriales.
La primera propuesta de este tipo se introdujo en 2005; sin embargo, hasta la fecha no ha logrado avanzar, principalmente por la resistencia de distintos grupos de interés, incluyendo el sector minero. El proyecto más reciente fue presentado en 2018, pero su discusión se encuentra estancada en la Comisión de Hacienda del Senado desde mediados de 2023.
Al poco tiempo de asumir la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, de Urresti destacó la necesidad de «avanzar en una agenda verde en el país, donde hemos observado varios retrocesos en estos asuntos. Esperamos, desde la comisión, contribuir a revertir esta situación». Entre esos retrocesos, mencionó el proyecto de ley de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, que fue aprobado el 15 de mayo y enfrenta un veto presidencial en algunos aspectos.
En ese contexto, durante una sesión reciente, se retomó el análisis del proyecto que «modifica el Código de Aguas para prevenir la constitución de derechos de aprovechamiento sobre los glaciares». La Cámara de Diputados, además, añadió disposiciones para una protección más amplia.
En esa sesión, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, subrayó la importancia de reiniciar la discusión sobre la protección de glaciares mediante una ley, ya que son fundamentales para la seguridad hídrica de gran parte de la población chilena y para la biodiversidad.
Larraín presentó varias recomendaciones, como incluir en el proyecto específico sobre protección de glaciares —que está paralizado desde agosto de 2023—, «definiciones adicionales como permafrost», la creación de un “Inventario Público de Glaciares” que permita monitorear este recurso hídrico, y establecer un proceso de adecuación para las actividades actualmente desarrolladas en los glaciares y sus alrededores, donde los proyectos existentes deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Larraín concluyó señalando que «la comisión tiene una gran oportunidad de aprobar esta ley corta sobre glaciares, lo que representaría un avance significativo hacia la creación de una ley más extensa que todos los chilenos deseamos. Creemos que la situación actual requiere urgencia y esperamos que el Ejecutivo respalde este proyecto».
La Comisión de Medio Ambiente cuenta también con la participación de Francisco Chahuán (ex RN), Sergio Gahona (UDI), Ricardo Lagos (PPD) y Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio).
Reacciones
Respecto a la posibilidad de reabrir este debate, el senador Latorre comentó que «es fundamental avanzar en una protección integral para los glaciares. Ha sido un gran reto en el Congreso lograr que una ley avance, y la industria minera ha ejercido influencias para obstruir estos proyectos». Sostuvo que «ahora contamos con una nueva oportunidad con este proyecto en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Espero que podamos continuar con su tramitación, mantener el debate y alcanzar un consenso, especialmente en el contexto actual de crisis climática. Los glaciares están en peligro y son esenciales para nuestro suministro de agua».
El diputado Daniel Melo, autor del proyecto y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, declaró que «hemos trabajado en este tema durante años. Es un gran avance que el Senado permita el avance de este proyecto en su segundo trámite constitucional».
Por su parte, el director de la Fundación Glaciares Chilenos, Felipe Espinosa, manifestó que «valoramos el progreso de este proyecto, consciente de que enfrentamos una situación complicadísima en la defensa del medio ambiente en el contexto actual». Subrayó que «estaremos atentos al avance y continuaremos insistiendo por una ley integral de protección de glaciares a nivel nacional».
Esta iniciativa, que recibió amplio respaldo en su primer trámite constitucional, representa un mínimo alivio ante la serie de retrocesos ambientales asociados al gobierno de Gabriel Boric, que incluyen reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley de permisos sectoriales, y la norma que pospuso la implementación de la Ley sobre plásticos de un solo uso.
También se propone que solo se acepten declaraciones juradas como mecanismo de autorización en relación a la protección de bienes públicos, en los Códigos Sanitario y de Aguas, y que el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, que abarca a la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, represente apenas el 0,107% del presupuesto total del Estado. Esto se suma a la eliminación, a inicios de 2023, de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, creada en 2008.
Con Información de www.elperiodista.cl
