La Sala del Senado aprobó este lunes por la tarde la Acusación Constitucional contra el ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, por “notable abandono de deberes” en el caso conocido como Muñeca Bielorrusa.
Esta decisión conlleva su destitución inmediata y una prohibición para ejercer cargos públicos durante cinco años.
La medida se validó con la aprobación de uno de los tres capítulos del libelo, lo cual fue suficiente para que la decisión fuese firme. Finalmente, recibió el apoyo de 43 senadores, sin votos en contra ni abstenciones, sellando así la destitución del magistrado.
El primer capítulo lo señala por vulnerar el “deber de probidad, abstención e imparcialidad” en el caso Belaz Movitec, conocido como la trama bielorrusa, al participar en causas en las que mantenía vínculos con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes están imputados por cohecho y lavado de activos.
El segundo capítulo lo acusa de conflictos de interés en nombramientos notariales, ya que permitió que su hijastro fuera nombrado notario interino en San Miguel mientras él estaba a cargo de la supervisión de ese tribunal.
El tercer capítulo lo cuestiona en el marco del caso Fundamenta, por fallar en causas relacionadas con los mismos abogados y luego realizar un crucero por Europa con ellos.
En su defensa, Simpértigue afirmó ante los senadores que “tajantemente le digo que nunca ha habido ninguna irregularidad” y dijo haber actuado “de buena fe”.
Comentó que “todo lo sucedido fue parte de la normalidad, no hay nada sospechoso”, argumentando que su situación se debía a la falta de “grupos de poder o redes económicas, sociales o políticas” que lo respaldaran.
Debate
Durante el debate, varios senadores justificaron su voto a favor. David Sandoval (UDI) señaló que “la vida privada de un juez deja de ser estrictamente privada cuando se entrelaza con intereses y afecta la percepción pública de independencia”.
Iván Flores (DC) expresó que la conducta del ministro “refleja una actitud incompatible con la independencia que deben tener los jueces”.
Karim Bianchi (Indep) enfatizó que “la justicia no es un privilegio, es un deber. Chile merece un poder judicial a la altura de su gente”, mientras que Claudia Pascual (PC) calificó la acusación como “de máxima gravedad” y votó a favor en los primeros y terceros capítulos.
Otros parlamentarios, como Pedro Araya (PPD) y Francisco Chahuán (RN), optaron por inhabilitarse de participar en la votación.
Por su parte, Fidel Espinoza (PS) apoyó los capítulos primero y tercero, argumentando que las relaciones del ministro “terminaron perjudicando al Estado”.
La mayoría de los senadores presentes se pronunciaron a favor del primer capítulo, consolidando así la destitución de Simpértigue y estableciendo un precedente en la historia reciente del Poder Judicial.
Con Información de www.lanacion.cl
