El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado este miércoles una querella contra el diputado independiente y miembro de la bancada de Demócratas, Miguel Ángel Calisto.
La acción legal se basa en el presunto delito de fraude al Fisco, sin perjuicio de “otros ilícitos que se puedan comprobar” durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
Según informa Cooperativa, la querella fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique contra el parlamentario, junto a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, por supuestamente “haber llevado a cabo diversas maniobras para desviar fondos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias, usándolos para fines no contemplados en la ley de presupuestos”, indicó el organismo.
El CDE, basándose en los antecedentes de la investigación, señala que la imputada Carla Graf, junto con el diputado Calisto, habría firmando “una serie de contratos de prestaciones de servicio para respaldar la labor del parlamentario mediante asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo un pago a honorarios que no solo aumentó con el tiempo sin justificación, sino que también carecía de fundamento que validara el cumplimiento de los servicios contratados”
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El organismo también mencionó que hay “múltiples evidencias que indican que la querellada no era reconocida por las personas que colaboraban con Calisto en Aysén como parte de su equipo en la región”.
En consecuencia, el CDE afirmó que la querellada Carla Graf “no brindó los servicios para los que fue contratada, lo cual era conocido y aceptado por el diputado Calisto, quien, al incumplir sus deberes y gestionar de manera desleal los fondos públicos, promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando más de 100 millones de pesos a la imputada en detrimento del Fisco por servicios que nunca se realizaron”, reportó Cooperativa.
Asimismo, el CDE indicó que durante el mismo periodo se detectaron una serie de transferencias de dinero entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, coincidiendo con momentos de campañas políticas en la región, que presuntamente habrían sido utilizadas para desviar fondos de asignaciones parlamentarias a fines no permitidos, como el financiamiento de campañas electorales y gastos personales, dentro de un contexto de conducta fraudulenta por parte de los responsables.
Con Información de www.lanacion.cl
