En octubre de 2024, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en la oficina del diputado ex UDI, Joaquín Lavín León, así como en la sede del Congreso. Esta acción se realizó tras los hallazgos en la investigación del Caso Barriga, que revelaron la entrega de $7 millones en facturas ideológicamente falsas al Congreso, todo con el fin de “blanquear” los gastos de Cathy Barriga durante su gestión en la Municipalidad de Maipú. La Fiscalía Metropolitana Oriente está liderando la investigación, aunque hasta ahora no se ha fijado una fecha para un eventual proceso de formalización.
Aunque la indagatoria en contra de Lavín León surge de la investigación del Caso Barriga, la causa relacionada es independiente. La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, confirmó que hasta el momento solo Lavín está imputado.
“Esta investigación, aunque se origina en otra que estamos llevando a cabo por fraude al Fisco y otros delitos de falsificación en el contexto de la Municipalidad de Maipú, se centra exclusivamente en la imputación al señor Joaquín Lavín”, destacó la fiscal.
El mismo día del allanamiento, Joaquín Lavín León rechazó las acusaciones en su contra en relación a esta investigación. Sin embargo, El Mostrador informó que, recientemente, el diputado habría reembolsado “en secreto” los $7 millones, mediante una operación de reintegro extraordinario a la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados. A pesar de esto, Lavín sigue enfrentando cargos por delitos de lavado de activos, fraude al fisco y la presentación de facturas falsas.
La Fiscalía Oriente, encargada de la investigación, aún no ha solicitado un proceso de formalización contra Joaquín Lavín León, quien tampoco ha hecho pública la devolución del dinero al Congreso.
Con Información de www.elciudadano.com