Congresistas socialistas, en colaboración con miembros de las bancadas oficialistas, han señalado la posibilidad de destituir al magistrado Antonio Ulloa, involucrado en el Caso Hermosilla.
Ante la inminente resolución de la Corte Suprema sobre la situación del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, junto a otros parlamentarios, emitieron una declaración solicitando proteger la independencia del Poder Judicial y la confianza pública en los tribunales.
Este pronunciamiento, que incluye a miembros de las bancadas del PS, PPD, PC, FA, AH, PR y PEV, además de la DC, surge tras la reciente sanción de dos meses de suspensión impuesta a Ulloa y la apertura de un proceso de remoción, debido a su vinculación con el abogado Luis Hermosilla, quien está imputado en el Caso Audios.
Los legisladores expresaron que el caso “trasciende un conflicto interno de jueces” y constituye un desafío a la confianza ciudadana en el sistema de justicia. También anunciaron que se reservan el derecho a utilizar los mecanismos que ofrece la Constitución Política “para asegurar la independencia judicial y la integridad en la justicia”.
“La red de Hermosilla continúa operando y persigue proteger a una de sus figuras clave, el ministro Antonio Ulloa. Esta red aspira a influir en las decisiones de justicia, algo que no permitiremos. La Corte Suprema debe optar entre las redes oscuras o la confianza ciudadana. Si Ulloa permanece en su puesto, nos reservamos el derecho a iniciar un proceso de acusación constitucional contra él y aquellos que han fallado en su deber de independencia y probidad. Estamos al lado de la sociedad: de aquellos que esperan tribunales justos, imparciales y dignos de confianza”, enfatizó el diputado Daniel Manouchehri, quien es parte de la querella en el Caso Hermosilla.
Diputados critican al ministro Ulloa y a los jueces que lo respaldan
A través de una declaración conjunta, los parlamentarios afirmaron que “la Corte Suprema enfrenta una decisión que va más allá de los jueces: es una decisión sobre la imparcialidad del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en sus tribunales”.
“Las investigaciones y el sumario han revelado comunicaciones y coordinaciones que, según los registros, intentaron influir en al menos 14 nombramientos de jueces y fiscales. Esto no es gestión institucional, sino captura de puestos y colocación de personas afines, lo que debilita la independencia judicial. Lo más grave es que estas acciones no fueron incidentes aislados, sino parte de una red que la prensa ha descrito como ‘oscura’”, expresaron.
Finalmente, subrayaron que “esta red busca tener influencia en la justicia. No lo permitiremos. Debido a su alcance y ramifications, una persona con estas prácticas no puede permanecer en el Poder Judicial. Esa evaluación requiere una respuesta decidida de la institución”.
El Caso Audios impactó al país en 2023, revelando conversaciones de Hermosilla con empresarios y funcionarios de alto nivel, donde se discutían posibles pagos y presiones sobre nombramientos judiciales. Este caso ha llevado a investigaciones penales y disciplinarias que hoy cuestionan la continuidad de Ulloa en el Poder Judicial.
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