Se identificó un pago no procedente de 300 millones a la concesionaria del Camino de La Fruta.

La Contraloría General de la República ha identificado varios incumplimientos en los desembolsos realizados por el Ministerio de Obras Públicas a la concesionaria encargada de la obra “Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta”. Destaca ello el pago improcedente de $329.540.767 correspondiente a cuatro facturas emitidas por la empresa.

Esta situación se debe a que la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) aceptó desembolsos presentados por la firma, que suman un total de $1.734.425.077 como gastos del servicio de construcción de la obra, sin que se demostrara su relación directa con la ejecución de la misma.

El Informe Final N° 592 / 2024 de la CGR realizó una revisión entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024, indicando que “los antecedentes proporcionados por la DGC no justifican de manera independiente que los gastos considerados por la dirección para establecer el valor de las facturas del servicio mencionado —y a partir de los cuales se financian los montos de IVA— estén efectivamente relacionados con la ejecución de esta obra”. Por ello, la Contraloría procederá a formular el correspondiente reparo, iniciando así el proceso de juicio de cuentas.

Otro hallazgo importante señala que la Inspección Fiscal aprobó un 80% de avance en dos subsectores de la obra, sin contar, en algunos casos, con el respaldo documental del total del progreso informado por la empresa.

Además, se observó que el concesionario presentó de manera incompleta algunas de las obras de ingeniería de detalle, lo cual no fue detectado por la inspección fiscal.

Una cuarta observación relevante es que la inspección fiscal aprobó el proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias, a pesar de que aún no contaba con la autorización de la autoridad sanitaria, vulnerando así las bases de licitación.

Acciones a seguir

Además del reparo mencionado, la CGR ha instruido a la DGC que sustente los porcentajes de avance indicados en el informe, con el fin de verificar que, al momento de validar el cumplimiento del hito del 80%, estos reflejen los progresos reportados.

Asimismo, se ha solicitado al inspector fiscal que proponga las sanciones por el retraso en la entrega de los proyectos de ingeniería de detalle y la falta de autorización sanitaria. La Dirección General de Concesiones, a su vez, deberá abrir un procedimiento disciplinario para determinar las posibles responsabilidades administrativas derivadas de los hechos mencionados.

Con Información de desenfoque.cl

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