El subjefe de la bancada UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Felipe Donoso, junto con su colega Jorge Alessandri, anunciaron que han presentado un oficio ante la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría en la administración del Estado. Esto se debe a que se ha revelado que más de 3.600 funcionarios del Gobierno, especialmente en las subsecretarías y la Presidencia, siguen trabajando en modalidad de teletrabajo, a pesar de que ya han pasado más de tres años desde que se levantaron todas las restricciones relacionadas con la pandemia de covid-19.
Ambos parlamentarios reaccionaron a una noticia de un medio que reportó que 2.590 empleados del sector público están en teletrabajo, cifra que se eleva a 3.622 si se incluyen a funcionarios de reparticiones regionales.
La misma información señaló que, aunque la Ley 21.724 permite que hasta un 20% del personal de cada entidad trabaje desde casa, hay seis entidades que, con la autorización de la Dirección de Presupuestos, exceden este porcentaje. Entre ellas se encuentra la Subsecretaría de Hacienda, donde 105 funcionarios (41,3% de su plantilla) están en teletrabajo.
Aunque los diputados Felipe Donoso y Jorge Alessandri reconocen que la legislación actual permite esta modalidad de trabajo bajo ciertas condiciones, expresan su preocupación sobre el nivel de productividad y el control de las jefaturas.
Por ello, decidieron dirigirse a la Contraloría, argumentando que «es fundamental verificar si las autorizaciones otorgadas están justificadas y cumplen con los criterios establecidos por la ley», añadiendo que «es aún más importante determinar si esta modalidad está impactando la productividad y el cumplimiento de las funciones de estas entidades».
«La ley que permite el teletrabajo en el sector público no puede ser un estándar general ni implica que todas las entidades deban adoptarla. Esta normativa fue creada como una solución temporal ante la emergencia sanitaria. Después de más de tres años desde el levantamiento de las medidas, así como el sector privado ha vuelto al trabajo presencial, el sector público debe hacer lo mismo», cuestionaron los parlamentarios de la UDI, quienes reafirmaron que «lo más prudente es que los funcionarios realicen su trabajo de manera presencial, salvo en casos excepcionalmente justificados».
Asimismo, Donoso y Alessandri expresaron su preocupación por el posible efecto de esta modalidad en la atención y respuesta hacia los ciudadanos, especialmente considerando que una de las subsecretarías con mayor número de empleados en esta situación es la de Servicios Sociales, que cuenta con 65 funcionarios, lo que representa el 21% de su plantilla.
«Es esencial determinar si el trabajo a distancia en el sector público impacta la calidad y la puntualidad de los servicios que el Estado debe garantizar a los chilenos. No se trata solo de cuestionar, sino de asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que el Estado funcione con la máxima eficiencia», enfatizaron los parlamentarios.
PURANOTICIA
Con Información de chilelindo.org
