Las ciudades portuarias funcionan como puntos de tránsito donde las mercancías pasan sin dejar nada a cambio.
Una excepción a esto es el Canal de Panamá, donde se cobra una tarifa por el cruce de cada contenedor (TEU) entre el Pacífico y el Atlántico.
En Chile, los barcos que utilizan los terminales deben pagar por la infraestructura al operador y los impuestos habituales que van al Estado, sin embargo, los daños causados por las operaciones no son compensados ni por las empresas portuarias ni por las navieras.
Un sondeo realizado por la Encuesta Regional Signos el 7 de marzo de 2025 preguntó si las empresas portuarias deberían contribuir económicamente en beneficio de las ciudades portuarias, obteniendo una respuesta contundente: el 71,7% de los encuestados estaban Muy de Acuerdo o de Acuerdo.
En San Antonio, el puerto natural de Santiago y el de mayor actividad de carga en el país, se estima que en 2025 se transfieran 2 millones de TEU (contenedores) y 500 mil toneladas, incluyendo 250 mil vehículos.
Un cálculo simple indica que, con un aporte de US$5 por contenedor o vehículo desembarcado, la provincia de San Antonio recibiría anualmente 10 millones de dólares, que podrían destinarse como un royalty para el desarrollo de las ciudades portuarias.
Para implementar esto se requiere una ley, y es crucial que el Gobierno presente un proyecto este año, especialmente durante el periodo electoral en el que varios parlamentarios buscarán su reelección.
Como referencia, se puede mencionar la Ley del Royalty Minero, la cual fue aprobada en 2023 y logró generar conciencia en el Congreso, un precedente que podría aplicarse ahora a las ciudades portuarias.
Solo se trataría de un aporte mínimo, equivalente a dos cafés, sin poner en riesgo la economía nacional.
Con Información de desenfoque.cl