Los diputados de Renovación Nacional (RN) han criticado la actuación del ministro de Seguridad, Luis Cordero, tras el escándalo relacionado con la presunta falsa detenida desaparecida, Bernarda Vera, hecho público por un reportaje de Chilevisión. Los parlamentarios señalaron que el ministro pudo haber estado al tanto del delito desde hace meses sin haber hecho las denuncias pertinentes.
La diputada Ximena Ossandón, parte de la Comisión de DDHH, enfatizó que “estos casos son muy delicados, y es probable que se abra una investigación sobre este asunto”.
“Nosotros, al menos como bancada, oficiaremos a la Contraloría para que nos informe si hay alguna responsabilidad administrativa de algún funcionario, que en este caso podría ser el ministro Cordero, quien sabiendo que se cometía un delito, no hizo la denuncia”, declaró.
En este sentido, la diputada Camila Flores agregó que “no es la primera vez que se da a conocer una falsa detenida desaparecida en nuestro país; en este caso, la señora Bernarda Vera no estaba desaparecida ni detenida, sino viviendo cómodamente en Argentina”.
“Ella está mencionada en el informe Rettig, y algunos de sus familiares han recibido beneficios del Estado. Eso es sumamente grave y refleja cómo se engaña al Estado de Chile”, afirmó la parlamentaria.
Resaltó que “lo más alarmante en el caso de Bernarda Vera es que el ministro Cordero tenía conocimiento del delito, ya que se estaban percibiendo recursos públicos bajo falsas pretensiones de ser víctima”.
“Cuando una autoridad sabe que se está cometiendo un delito, tiene una obligación legal de 24 horas para denunciarlo. El ministro Luis Cordero conocía desde hacía meses que la señora Vera estaba viva y no hizo la denuncia”, expresó.
Por su parte, el diputado Andrés Longton subrayó que “es preocupante que tanto los falsos detenidos como las falsas víctimas reciban pensiones de gracia de por vida. La inacción del gobierno para revertir o revocar esos beneficios, que son recursos públicos de todos los chilenos, es evidente”.
Finalmente, Longton concluyó que “el ministro Cordero estuvo al tanto de esto durante meses, guardó silencio y no tomó acciones concretas para exigir la devolución o detener el otorgamiento de recursos públicos. La familia de esta falsa detenida desaparecida debe asumir su responsabilidad. Aquí, las víctimas son los chilenos que financian a una persona viva, radicada en Argentina. Eso es inaceptable”.
Con Información de www.lanacion.cl
