El ministro de Hacienda, Mario Marcel, profundizó sobre la transferencia de cerca de US$3.500 millones desde Corfo al Tesoro Público en 2023, un tema que fue revivido por un medio de comunicación el martes pasado. En su presentación, estuvo acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, quien también abordó aspectos relacionados con la situación patrimonial del Fisco.
Frente a las críticas de la oposición respecto a esta transferencia de fondos llevada a cabo hace dos años, el ministro declaró: “A pesar de que el reportaje destaca en varias ocasiones que no hubo acción ilegal en esta operación, el tono de denuncia y las respuestas desmedidas que ha provocado en algunos dirigentes políticos, hacen imprescindible proporcionar información que fomente un debate informado y fundamentado en las normas que rigen la administración presupuestaria y financiera del sector público”.
Marcel destacó también la decisión de la Contraloría General de la República de llevar a cabo una “investigación especial sobre la posible afectación patrimonial de CORFO y el uso de los recursos involucrados, entre otros aspectos”. Con ello, el Ministerio de Hacienda tomó la iniciativa de enviar hoy a la Contraloría todos los antecedentes necesarios relacionados con estas operaciones, así como las razones que las sustentaron y el proceso de implementación, “de manera que no será necesario utilizar los 10 días de plazo que generalmente otorga el organismo contralor para la entrega de la información requerida en sus investigaciones”, recalcó.
Subrayó que los excedentes de los servicios públicos, incluso aquellos que se autofinancian, pueden ser incorporados al Tesoro Público a través de decretos de Hacienda, lo que ayuda a mantener la unidad del presupuesto público, asegurando que todos los ingresos y gastos del Estado estén debidamente reflejados en el presupuesto.
A continuación, Marcel revisó los acontecimientos mencionados en el reportaje: En 2022 y 2023, Corfo incrementó significativamente sus rentas por la explotación de litio en el Salar de Atacama con las empresas SQM y Albemarle. En 2022, se recaudaron adicionales $2,5 billones debido al aumento del precio del litio, mientras que en 2023 esa cifra alcanzó $2,9 billones. En total, entre 2022 y 2023, se recaudaron $5,4 billones gracias al incremento del precio del litio.
“Se habló mucho sobre el uso de los recursos provenientes del litio y qué se haría con estos ingresos extraordinarios debido a los altos precios. En esa ocasión, dijimos que era crucial evaluar el conjunto de la ejecución presupuestaria antes de comprometer estos recursos en nuevos gastos, lo que resultó ser una decisión acertada”, comentó el ministro. Continuó: “durante 2023, otros componentes de ingresos fueron inferiores a lo proyectado, y los ingresos adicionales del litio compensaron esas menores recaudaciones. Los recursos cubrieron las necesidades de financiamiento fiscal y se cerró el año con un cumplimiento total del gasto presupuestado y de las metas de balance estructural y total del sector público”.
Además, el ministro informó que, al permitir el cumplimiento total de los objetivos fiscales de 2023, estas operaciones resultaron beneficiosas para el Sector Público al evitar aumentar la deuda, los pagos de intereses y el deterioro del patrimonio fiscal. “Si el Tesoro hubiese contraído deuda por la misma cantidad en bonos a diez años, el efecto inicial habría sido un aumento de más del 1% en la deuda pública. Hoy, la relación deuda/PIB está por debajo del 42% gracias a la variación del tipo de cambio. Si el Estado se hubiera endeudado en $3.400 millones, eso habría generado un flujo de pagos de intereses de aproximadamente US$215 millones anuales. Entonces, en 2025, el gasto en intereses del fisco sería US$215 millones más alto que lo presupuestado. Además, el Estado habría sufrido una pérdida patrimonial de US$415 millones si no se hubiera tomado esta medida”, enfatizó.
Marcel añadió que esta “operación se realizaron con el fin de proteger el patrimonio fiscal, ya que de no haber actuado de esta manera, como mencioné, habríamos tenido que asumir más deuda, incrementar el gasto en interés y sufrir una pérdida patrimonial por la diferencia en tasas de interés. Esta es una operación que cualquier economista que analice el sector público debería reconocer como adecuada y oportuna”.
Sobre el uso de los recursos, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, comentó que cada vez que se expuso ante el Congreso en 2023 sobre la situación de las finanzas públicas, la pregunta más frecuente era: ¿qué sucederá con los recursos del litio? Por cómo operaba la Regla de Balance Estructural entre 2022 y 2023, en general, todos los ingresos por litio financiaron el presupuesto general. No es una novedad decir que esos recursos respaldaron el presupuesto en esos años, como quedó evidenciado en los informes mensuales de ejecución presupuestaria. Sin embargo, la situación de 2022-2023 fue excepcional. ¿Y en 2024? Preocupados por el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo, se introdujo una regla de ajuste cíclico para asegurar que esos recursos no se acumularan indefinidamente. Si no se hubiera implementado eso, el gasto público en 2024 habría sido mayor”.
Respecto a la posible pérdida patrimonial de Corfo, Martínez explicó que “Corfo es parte de la infraestructura fiscal. Por lo tanto, no se puede considerar que el patrimonio de Corfo sea diferente al del Gobierno Central. Las decisiones sobre los recursos deben tomarse considerando las necesidades de financiamiento del presupuesto en su totalidad. Analizando este ejercicio financiero desde la perspectiva del Gobierno Central, fue una operación benéfica, y la afirmación del vicepresidente de Corfo sobre la estructura diseñada para evitar pérdidas patrimoniales es válida. En comparación entre 2021 y 2024, los activos financieros de Corfo han aumentado diez veces”.
Con Información de desenfoque.cl