El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha aceptado a trámite una solicitud presentada por consejeros regionales de oposición que solicitan la destitución del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Según Radio Biobío, el recurso fue interpuesto el 25 de julio, alegando que Orrego incurrió en un notable abandono de deberes y violó el principio de probidad administrativa.
Este reclamo se basa en un informe de la Contraloría que examinó los gastos de los gobiernos regionales en todo el país. En su análisis, se acusó que fondos del Gobierno de Santiago fueron utilizados para la campaña de reelección de Orrego.
Por este motivo, consejeros regionales de oposición, como Álvaro Bellolio (UDI), llevaron el caso al Tricel para que determine si Orrego debe ser destituido de su cargo.
Los defensores de Orrego, Ciro Colombara y Aldo Díaz, presentaron un recurso de reposición para anular el procedimiento, argumentando que los abogados firmantes no tenían la autoridad para actuar en nombre de los consejeros, además de haber errores en la identificación de estos.
A pesar de esto, el Tricel ha aceptado las rectificaciones realizadas y ha admitido a trámite el recurso de la oposición. Hubo un voto disidente del ministro Gabriel Ascensio, excongresista de la Democracia Cristiana, partido al que Orrego perteneció durante décadas.
La Contraloría cuestionó cuatro gastos realizados por el Gobierno de Santiago. El primero refiere a varias actividades de coaching ontológico, contratadas por más de $31 millones, que estarían relacionadas con contextos políticos y campañas electorales.
Además, se reportó la adquisición de bienes y servicios por más de $51 millones mediante trato directo, sin documentos que avalen el cumplimiento de esos contratos.
También se incluyó la contratación de una empresa consultora por $46 millones, de la cual no se cuentan con antecedentes que respalden los servicios acordados. Por último, se cuestionó un contrato por $109 millones con otra consultora, cuya idoneidad no fue debidamente acreditada por el ente fiscalizador.
Todos estos gastos están siendo investigados por la Fiscalía Oriente, que ya tomó declaración a Orrego y retiró diversos equipos computacionales de la gobernación regional.
Por otro lado, la Fiscalía de Antofagasta, que está al frente del caso ProCultura, ha solicitado su desafuero.
El Ministerio Público investiga al gobernador por posible fraude al Fisco, vinculado a la firma de convenios por más de $1.690 millones con la organización liderada por el psiquiatra Alberto Larraín.
La justicia revisará la solicitud el 6 de octubre. En este asunto, la defensa del exalcalde de Peñalolén ha reiterado su inocencia.
Con Información de www.lanacion.cl
